El proyecto supone una inversión de 5.340.000 euros aportados por las dos instituciones y arranca con un diagnóstico de la situación actual de la conectividad real que existe actualmente en la provincia, ya que los datos que se conocen son "superiores" a la realidad.
Posteriormente, habrá que contar con el visto bueno de las instituciones europeas, ya que la normativa restringe notablemente las inversiones públicas en esta materia para garantizar la libre competencia, y licitar los correspondientes concursos para ejecutar las infraestructuras necesarias a la hora de llevar internet a los pueblos. "Queremos llegar a las zonas donde no llegan las compañías porque no les es rentable", han comentado Suárez-Quiñones y Morán.
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