Violando principios respecto a la columna, he decidido a escribir sobre los precios de la vivienda en España, que es también un problema de León, aunque en menor medida. Tengo redes sociales; leo barbaridades que se vierten en ellas y quiero reaccionar. Quienes tenemos hijos compartimos más el problema de los precios de la vivienda, pero quiero alejar las pasiones para hacer un análisis frío.
Se habla con frecuencia de la sujeción a las reglas de la oferta y la demanda para explicar los altos precios de la vivienda. Sin embargo, quienes más utilizan este argumento no se dan cuenta de que, en puridad, estas reglas no aplican para este caso. Están pensadas para una reacción libre de los compradores y los vendedores hasta encontrar un punto de equilibrio. Nada de esto existe aquí.
La demanda de viviendas es inelástica, pues nadie vive en cuevas o en tiendas de campaña. El demandante no puede elegir no coger vivienda, por lo que hablamos de una demanda cautiva. Todo el mundo necesita una vivienda, lo que la convierte en una necesidad básica. En consecuencia, en un estado social de derecho, como dicta la Constitución Española, requiere la intervención estatal para garantizarla. Otra cosa es la discusión de cuánto intervenir, un debate que es legítimo, mientras no se rompa la garantía de satisfacer las necesidades ciudadanas.
En la oferta de viviendas hay actores oligopolísticos que poseen decenas, cientos o miles de ellas y, por añadidura, concentradas en Madrid, Barcelona y Valencia, lo que multiplica su impacto. Estas firmas: Lone Star, Black Stone, Cerberus, etc, manipulan el precio al alza, estableciendo alquileres muy altos en miles de pisos (unos 77.000 según algunas fuentes). Esto produce un efecto reflejo en el resto de la oferta de esas ciudades, que tiende a igualar al alza sus precios. En el resto de provincias se crea una expectativa de ganancia en los propietarios, que alza los precios también allí. Por ejemplo, algunas infraviviendas con medio siglo y sin reformar en mi barrio, cuestan 600 euros al mes. En definitiva, la oferta tampoco es libre: está pactada y viciada.
Además, hay una explosión de pisos turísticos, una forma de puentear a los hoteles, con normas laxas, a beneficio de alquiladores, que eliminan de la oferta residencial numerosos inmuebles para dedicarlos a esta actividad -hotelería informal revestida con disfraz de legalidad-. Todo esto provoca que no se aplique una relación libre entre oferta y demanda, por más que proclamen lo contrario. Si el salario mediano en 2024 en España fue de 24.500 euros brutos, los precios deben guardar proporción: el Estado debe intervenir.
Añadir La Nueva Crónica como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.