La Junta de Castilla y León se ha reunido con los sindicatos, que convocaron la manifestación por el futuro de León. El cónclave ha servido para fijar posiciones y marcar, aparentemente, una línea de reacción de la Autonomía, que excluye la participación de otras administraciones. Al parecer, pretenden presentar un compromiso de obras y plazos de su perímetro competencial en junio.
Esto dejó al Gobierno Central descolocado, lo que provocó la convocatoria urgente de reunión de Cendón con los sindicatos, sin que conste compromiso concreto alguno por su parte. La Diputación no ha reaccionado tampoco, como si no fuese la institución más adecuada para establecer qué obras son prioritarias para el desarrollo de esta provincia.
León tendría que recibir el 19 % de los fondos autonómicos según los criterios de financiación de la Lofca. En otras palabras, León debería recibir del presupuesto de la Junta unos 2.700 millones y en la provincia deberían residir más de 20.000 empleados públicos autonómicos, de los 106.000 que tiene la Junta. Dado que es la administración más importante en la gestión de fondos públicos, estas cifras son clave.
Que la Junta de León y Castilla decida realizar un plan de actuaciones, que vendría a parchear la lamentable coyuntura económica de León, puede ayudar, pero no es la solución definitiva. Simplemente viene a cubrir parte de una deuda histórica que se puede cifrar en torno a los 15.000 millones de euros de fondos autonómicos; dinero que le correspondería a León y que nunca llegó. Ahí está la causa principal del desplome económico que coloca a León como la peor provincia en tasa de actividad, como la única provincia que tiene menos ocupados que al crearse la Junta, como la provincia que más población perdió, o con la capital que más poblaciónperdió desde su máximo: de los 148.000 a los 122.000 habitantes actuales.
La Junta parece acometer la resolución de esta fractura socioeconómica antes de que se desate una autonomía uniprovincial por la vía del artículo 144 de la Constitución (por causas de interés nacional) o, en un extremo, por la suspensión de la autonomía actual aplicando el artículo 155, al no cumplir las funciones para las que se creó.
La Junta parece acotar el daño reputacional en León, evitando el contagio a Zamora, la peor provincia en casi todo, pero carente de liderazgo para reaccionar. La posibilidad de prescindir de León y Zamora a medio plazo haría un roto en la financiación del tinglado que la Junta montó en Valladolid, Burgos y Salamanca, porque el cuento de los fondos no provincializados, el 45 % del total, se alimenta con el abandono de León y de Zamora.