La gestión de los recursos naturales quedó en gran medida incluida en las competencias autonómicas. En León y Castilla se impuso una normativa común. Sin embargo, el territorio autonómico contiene áreas que poco tienen que ver entre sí en cuanto a estos recursos. No solo la diferente orografía marca la diferencia –disponibilidad de ríos y montañas–, que también. Es la propiedad del suelo y su uso una diferencia relevante.
La provincia de León tiene una superficie de 1.550.000 hectáreas en números redondos, la mayor de la autonomía. De ellas, algo más de un millón se consideran forestales. De ese millón, algo más de 800.000 hectáreas son de propiedad pública. Mayoritariamente ese monte es de plena e indivisa propiedad comunal, algo que en otras provincias autonómicas resulta casi inexistente o minoritario.
En este marco, hay políticos del gobierno y la oposición autonómicos que abogan por el mantenimiento de los montes mediante brigadas contratadas a tal efecto. ¿Cuántos miles de trabajadores harían falta para mantener 800.000 hectáreas de monte (8.000 kms cuadrados, más superficie que el País Vasco) limpias de leña y maleza? Es una propuesta inviable y, dada la dimensión, absurda. Si sumamos la superficie pública forestal de Zamora y Salamanca, la ocurrencia se eleva a la categoría de bobada. Entonces, ¿cómo mantuvieron los leoneses tal superficie de monte durante siglos con una tasa mínima de incendios? Y, además, ¿por qué en Castilla la superficie quemada es menor?
Los leoneses de cada pueblo, propietario del monte, hasta en las zonas llanas (por eso hay arbolado en el llano leonés y no en Tierra de Campos: parte de Valladolid y Palencia, y un trozo de Zamora), tenían el derecho a retirar leña cada año e, incluso, a talar árboles para sus necesidades, dentro del permiso que el propio pueblo establecía y vigilaba. Hoy, el permiso lo regula la Junta y se multiplican los incendios. En Castilla son frecuentes los montes de mano común en los que cada árbol tiene un propietario particular. Ante cualquier incendio, son los interesados quienes disparan las alarmas. Por el contrario, en León, la Junta desconectó a los pueblos de sus montes.
Algo tan lógico como que las juntas vecinales administren en León la retirada de leña y los derechos de recogida, como hicieron siempre, está intervenido por la Junta. Disponer de rebaños comunales de cabras para que limpien los montes reduciría desechos y riesgos de incendio drásticamente, pero la Junta no se acomoda. La singularidad de las juntas vecinales leonesas es un motivo más para la Autonomía Leonesa: un modelo de gestión propio basado en los pueblos.