Concluyó la etapa de incendios más grave de la historia reciente de León con más de 110.000 hectáreas quemadas, muertos, hogares calcinados y evacuaciones en 150 pueblos. Supone más del 10 % de la superficie de montes provincial –un millón de hectáreas–, quemada; más del 10 % de los 1402 pueblos de León, evacuado. Además, León sufre la ocultación en los medios de comunicación. Siendo el núcleo principal del fuego, parece que se evita nombrarlo. Son Zamora y Orense los topónimos más citados, pero se oculta el nombre de León. Se habla de «incendios en Castilla y León», un disparate, porque en Castilla la cifra de hectáreas quemadas es minúscula, comparada con la leonesa.
Se ha debatido sobre la ineficacia del dispositivo de prevención y combate de la catástrofe, cuando no cabe discusión. Solo comparar la reacción contra el fuego en territorio asturiano, acotándolo y extinguiéndolo con rapidez, en una de las provincias proporcionalmente más forestadas del país, descalificó a la Junta de Castilla y León desde el primer minuto. También el texto de la Ley de Montes autonómica ha quedado en tela de juicio, puesto que parece hecho a la medida de los ignífugos montes de Castilla y sus singularidades, olvidando la especificidad leonesa.
El grave impacto de lo sufrido obliga a un estudio profundo de las características de los comunales leoneses, de su uso y mantenimiento, frente a otras cosas que también llaman «comunales», pero que son claramente diferentes, porque no se quemaron. La ley debe diferenciar explícitamente en uno de sus apartados el tipo de comunalidad leonesa. Es más, debería tipificarse de inmediato los distintos tipos de comunales que hay en los territorios leoneses y castellanos, sin hacerse más trampas al solitario. Si son diferentes, no se puede ocultar por más tiempo.
Se echa de menos la voz de la Diputación de León, principal representante institucional del territorio más castigado por los incendios. La Diputación debe asumir protagonismo en la defensa de los intereses de León, tanto en sus competencias como en otras. Hay que destapar la dejación de la Junta en León, algo incompatible con el bienquedismo que Courel y el PSOE practican. La UPL en la Diputación, ausente a efectos de comunicación hasta hoy, debería tomar las riendas de una respuesta mancomunada de las 1226 juntas vecinales. Es urgente una convención de juntas vecinales leonesas que plasme los principales problemas por boca de sus protagonistas.
Por último, la afirmación falsaria de que la Junta va a restituir todo lo destruido es una burla, una evidencia de que al PP solo le importan las elecciones. A Vox le da igual León.