Comienza la época que pasa a ser conocida como la «temporada de incendios». Es una etapa que muestra cómo León es arrinconado una vez más desde otras partes del país. De repente, las casi 125.000 hectáreas quemadas el año pasado, difíciles de alcanzar en cualquier provincia y momento, son obviadas. Los incendios de León de 2025 no merecieron el nivel de atención de los actuales, aunque fueron peores. Permanecer lejos de los centros de poder –Madrid, Barcelona…– saca de foco cualquier emergencia o la empequeñece. Es una muestra más de por qué León debe volver al centro del foco, siquiera en el nivel autonómico, como región con autogobierno propio.
Se están haciendo todo tipo de comentarios de pretendida aplicación lineal a los montes, como si no hubiese marcadas diferencias entre ellos. Por un lado, están los privados cuya responsabilidad principal recae en los propietarios; por otro, los públicos, sobre los que las administraciones tienen protagonismo en las decisiones. Además, hay monte y bosque, que son cosas parecidas, pero no iguales. Los montes incluyen las áreas de vegetación herbosa y arbustos. Los bosques son zonas arboladas y forman parte del monte. Por si fuera poco, están los bosques polifitos, donde se mezclan las especies, lo que limita la difusión y virulencia del fuego, y las plantaciones monofitas, que denominan bosque, aunque asemeja un trigal, pero de árboles, donde el fuego llega a ser monumental.
En León tenemos predominio de bosques públicos, ya que la superficie de monte ocupa dos tercios de la provincia, pero la mayor parte es comunal, de los pueblos, así que se clasifica como pública. Nada que ver con mucho de lo quemado en Madrid. Además, están sujetos a la Ley de Montes nacional y a la autonómica, que establecen una incautación encubierta del monte.
Para cualquier actuación se requiere un permiso autonómico y el pago de una tasa, lo que resulta disuasorio. Se exige una tramitación oficial en una provincia enorme y sin cobertura de teléfono e internet en amplias zonas, ocupada por habitantes poco o escasamente digitales –como compruebo a diario en mi trabajo– en la que se les pide que paguen por retirar leña que fue suya durante siglos.
El resultado es que se dejó de recoger leña, y con ello, de limpiar el monte; se dejo de hacer quemas selectivas controladas por los pueblos para conservar pastizales que permitían a los rumiantes limpiar grandes áreas y retirar miles de toneladas de biomasa; puso en manos de oficinistas titulados las autorizaciones sobre lo forestal. Tras el desastroso 2025 no han cambiado nada. Su sistema sigue sin funcionar. ¿Se habrán dado cuenta?
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