La calidad de los servicios públicos se diagnostica mediante diferentes parámetros. Uno de los marcadores es la ratio de empleados públicos sobre el número total de ciudadanos, puesto que esos servicios los prestan personas. Dado que los servicios públicos directos al ciudadano son en buena medida autonómicos, no integran a las fuerzas de orden público ni al ejército, que dependen del Gobierno Central.
En el Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de enero de 2025, se contabiliza algo más de 105.000 empleados públicos autonómicos en Castilla y en León. Debían prestar servicio a algo menos de 2,4 millones de habitantes, según el padrón municipal de 1 de enero de 2025, del INE. A simple vista no hay proporcionalidad entre las distintas provincias, ya que Valladolid tiene la cuarta parte del total: casi 26.000, sacando a León, con poca población menos, unos 8.500 empleos públicos. Valladolid tiene un 50 % más de empleo público autonómico que León.
Pero para afinar más la medida, podemos indagar en las provincias. Cada 18 sorianos hay un empleado público, la mejor ratio de la autonomía. Salamanca sigue después, con uno cada 20, algo por delante de Valladolid. A la cola está León, que cuenta un empleado público cada 26 personas, lo que puede explicar la mala calidad de los servicios públicos, carentes de personal, como el Hospital de Ponferrada, por ejemplo. Burgos es el siguiente peor, con ratio de 25.
Podemos analizar si se ha prolongado en el tiempo. Examinamos el Boletín ministerial de 2015 y lo cotejamos con el padrón del INE, ambos a 1 de enero de ese año. León también era la última, con más de 34 ciudadanos por cada empleado público, lejos de la penúltima, Burgos de nuevo, con 32. Salamanca estaba justo encima de Burgos, lo que significa que en estos diez años la Junta ha invertido mucho allí en personal, hasta hacerlo crecer un 50 %. La mejor tratada, otra vez, Soria.
En León hay puestos de trabajo sin cubrir (sanitarios, docentes), lo que supondría que ese dinero quedaría sin gastarse. Sin embargo, la Junta de León y de Castilla lo dedica a otras provincias. Hay que tener en cuenta que una persona en plantilla supone tener un puesto completo de trabajo, un ordenador, un local, un servicio de seguridad, de limpieza, de mantenimiento... Detrás de cada empleo público hay trabajo e inversión en empresas, de los que se priva a la provincia damnificada. Por ejemplo, si León tuviese la media autonómica de empleo público, debería contar 2.250 trabajadores públicos más y otros muchos en empresas auxiliares. Por eso la permanencia en esta autonomía inflige a León enormes daños.