Imaginemos que Cantabria quisiese su integración en la autonomía de Castilla y León. Allí, una vez dado el paso, empezaría a difundirse una supuesta identidad castellano-leonesa a través de los centros educativos y del aparato de propaganda de la Junta. Lo cántabro pasaría a ser una cultura «provincial» dentro del discurso político. No habría en los medios de comunicación más revillas, ni anchoas, ni reivindicaciones del AVE. La comuna de medios autonómicos afectos haría aparecer Cantabria como el puerto de Castilla, como un apéndice de ese estómago centralizador y aculturante.
De pronto, se cerrarían las sedes de las consejerías cántabras, desaparecerían las figuras de consejero, secretario general y directores generales, que reaparecerían en Valladolid para engrosar allí las plantillas. 1500 empleos directos se volatilizarían para su traslado a la ciudad del Pisuerga, a sus consejerías. Con una media salarial de 50.000 euros brutos anuales -habría muchos altos cargos- 75 millones de euros en salarios se trasladarían al valle de Olid. 750 millones en diez años… Las sedes de la Diputación Regional de Cantabria se cerrarían, quedando solo una presupuestariamente pequeña diputación provincial. Servicios de mantenimiento, limpieza, seguridad, sedes de empresas adjudicatarias o con relaciones contractuales pasarían al sur de la Cordillera Cantábrica. Con ellos, miles de puestos de trabajo y sus salarios se desplazarían hacia el sur.
Las normativas de Cantabria, adaptadas al territorio, quedarían derogadas para superponer una normativa redactada por y para Valladolid, tan castellana y similar a Cantabria. Ya no habría una voz para representar en los ministerios las necesidades del puerto de Santander, las de los ganaderos de leche de La Montaña, las de los pescadores cantábricos. Se cerrarían numerosas unidades escolares rurales, así como consultorios médicos. Empresas inicialmente destinadas al Parque Tecnológico de Peña Castillo se redirigirían a Boecillo. Santander solo recibiría eso que llaman en la Junta «fondos provincializados» –unos mil millones anuales menos de los que recibía cuando era comunidad autónoma–, que se quedaría la Junta para pagar las sedes recrecidas en Valladolid.
¿Para qué querría Cantabria integrarse en Castilla y León? ¿Por qué los leoneses quieren abandonar desde hace 43 años esa autonomía? por iguales razones de fondo. Item más, con la autonomía de León la digitalización permitiría descentralizar consejerías hacia Ponferrada y, si se uniesen, hacia Zamora y Salamanca. ¿Qué voluntad de suicidio económico, cultural y político podría desear la permanencia en Castilla y León?