Dentro del acuerdo del Gobierno Central con Junts per Catalunya está la publicación de los datos para calcular las balanzas fiscales de las autonomías. Los primeros guarismos acaban de darse a conocer. Las balanzas fiscales autonómicas consisten en el cálculo de la diferencia entre lo que la Administración del Estado recauda en un territorio y lo que invierte o gasta en ese mismo lugar.
La divulgación de ese dato persigue demostrar que hay comunidades que aportan más de lo que reciben. Esa consideración es falsa en parte, ya que se basa en una premisa errónea: supone que la economía de una comunidad sería la misma si sus empresas no vendiesen fuera de la autonomía donde se radican. En otras palabras, los ‘balancistas’ ignoran que una parte de la recaudación fiscal generada por las empresas se debe a sus ventas fuera de la autonomía, ingresos sin peajes, pues dentro de España el mercado es abierto.
Explicado de manera fácil, las compras de los leoneses en Mercadona, por ejemplo, originan tributación por IVA en Valencia, ingresos por IRPF de los empleados que fabrican por toda España los productos que vende el gran distribuidor de alimentación, impuestos de sociedades en diversas empresas proveedoras de Galicia, Extremadura, Andalucía… e impuestos especiales en Cataluña… entre otros. Eso por no hablar de la tributación que genera el consumo de todos los empleados, ligados a empresas, en su zona de residencia, aunque su puesto de trabajo se justifique solo por ventas en el otro extremo de España sin peajes.
Junts no calcula que la economía autonómica más exportadora del país, Cataluña, que destina al resto de España un 75 % de sus ventas fuera de Cataluña, no tendría casi 8 millones de habitantes si se cerrase el mercado y hubiese que abrir sedes sociales fuera de Cataluña. Por eso no venden en Francia, al lado, ni la cuarta parte que en el resto de España: allí, para exportar, hay que pelear.
Sin embargo, lo publicado nos ha permitido saber que, en 2021, Madrid se llevó la mitad de las inversiones de Renfe, lo que explica que no hubiese dinero para León, por ejemplo. Balanza fiscal también es que Madrid cuente con 440.000 empleados públicos, muchos con altos salarios y capacidad de consumo, lo que probablemente explique el exagerado crecimiento y nivel de renta de esa autonomía.
Pero a la balanza fiscal también afecta el reparto de gasto entre las provincias de León y Castilla. Saber que el 50 % del presupuesto autonómico se suele quedar en Valladolid, lleva a un desequilibrio insostenible, una grosera perversión deliberadamente oculta que justifica, aquí sí, la creación de una Autonomía Leonesa.