Más allá de las consideraciones de orden político, cabe explicar por qué se está desplomando la economía de la Región Leonesa y, más acentuadamente, de León y de Zamora. Del montante económico que manejan las administraciones públicas –equivalente al 40 % del PIB español como media– la mayor parte se administra desde las comunidades autónomas. Por esta vía, cada habitante tiene asignado un importe de los fondos públicos para que reciba iguales servicios que sus conciudadanos. Esta cifra se calcula mediante lo que se denomina «población ajustada».
La Junta de Castilla y León recibe la misma cantidad por un ciudadano de Soria, de Valladolid o de León. Sin embargo, posteriormente no asigna a las provincias el dinero que corresponde a su población, de manera que algunas de ellas se ven gravemente perjudicadas. Si sumamos este importe en el caso de León, podemos hablar de una cifra aproximada de 900 millones de euros al año de menos sobre los que le correspondería. Ese importe que no llega se traduce en menos inversiones, menos instalaciones y en menos empleados públicos, que ya no gastan en León o en Zamora. Los comercios, hostelería, fabricantes, alquiladores, constructores… toda la economía sufre una contracción, puesto que los ciudadanos pagan sus impuestos, pero los recursos no retornan. Es lo que se denomina una transferencia de rentas, que en este caso implica 38 años de decaimiento.
Cuando se echa en cara a los empresarios de León que no invierten lo suficiente, se les ataca por varias vías: se les desprestigia, les retiran recursos –que asignan a otros empresarios– y les culpabilizan por algo que tiene otros culpables. En conclusión, la ausencia de una Autonomía Leonesa es lo que está degradando la dimensión de nuestras empresas y su capacidad de inversión.
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