El cierre de la azucarera de La Bañeza es un fuerte golpe para la economía leonesa. Se trata de la mayor empresa industrial de esta población y una de las mayores de la provincia. Aunque sus resultados se diluyesen en un grupo empresarial, se puede calcular que la facturación imputable a la planta rondaba los 100 millones de euros.
La fábrica molturó en un año 687.000 toneladas de remolacha, equivalentes a unos 27.500 portes de camión de 25 toneladas. Solo por este concepto se facturaban más 2 millones de euros en portes, del total de 35 que se pagaba a los agricultores, con impacto sobre las 8.500 hectáreas que proporcionaron el tubérculo.
Con esa molturación se hacían unos 130 millones de kgrs de azúcar y otros 120 millones de pulpa de remolacha para el ganado, es decir, el equivalente a 10.000 portes de camión de 25 toneladas. Nos faltan aún los portes de la sosa y otras materias intermedias de estas fábricas.
Con ello se puede ponderar el tremendo golpe. Muchas empresas proveedoras tendrán que buscar negocios alternativos, reducir su actividad o, incluso, cerrar. Se consumirán miles de menús del día y de otras consumiciones menos; como de combustible. Se echa a unos 130 trabajadores, más los subcontratados. Algunos emigrarán, aumentando el parque de viviendas vacías, y empujando los precios del alquiler y la venta a la baja. Este es el alcance del cierre.
En la negociación se deslizó un fraude de ley, ya que escondieron el cierre empresarial de una unidad productiva completa tras el humo de «que forma parte de un grupo». Todo indica que el cierre de La Bañeza se utilizó para mejorar las condiciones del resto de centros, aunque ya se augure su cierre sucesivo. El comité intercentros y algún sindicato fueron incapaces de plantarse ante una empresa que no pierde, si no que quiere ganar más. La dirección se atrincheró tras unos precios de mercado que bajaron dos trimestres. Hubo prisa, porque ahora ya repunta ese precio y no quieren que el pretexto se esfume. Les interesa más vender en España azúcar de las plantas africanas.
El papel institucional fue lamentable. El azúcar era un mercado intervenido hasta 2017, que se entregó a unas pocas empresas. Se han quedado con él, desde entonces, sin compromiso alguno. La producción de alimentos reúne sectores intervenidos que, sin ayudas públicas, como la PAC, son inviables. El azúcar es uno de ellos. Habría que exigir a esas empresas en función de cómo obtuvieron su actual cuota de mercado. Nada de esto argumentaron ni ministros ni consejeras. La triste humillación de cierto sindicalismo terminó de echar el cerrojo a una fábrica aún viable y necesaria.