La Robla, la Junta y Moncloa

Hay un importante proyecto industrial para La Robla que está retenido por una acusación de robo de propiedad industrial. Esta iniciativa supone una inversión de cientos de millones de euros e implica la construcción de una fábrica de biocombustible en La Robla y otra en Barcial del Barco, en Zamora.

Se mezclan desordenadamente numerosas informaciones, pero se desconoce el relato que trasluzca el alcance de este posible escándalo en toda su dimensión. Merece la pena dedicarle unos minutos por lo que supone para los leoneses en tecnología, inversión y empleo. De su resolución depende, además, que no se desate una tormenta política y judicial que apuntaría hacia la Junta de Castilla y León, así como al entorno de la Presidencia del Gobierno de España, tanto es el dinero que hay en juego.

Un ingeniero e inversor paramés desarrolló una tecnología de síntesis de biocombustibles. Lo patentó entre 2006 y 2012, en varias etapas, e inició su trasposición a escala industrial mediante el compromiso de terrenos y la búsqueda de inversores externos. Las administraciones autonómica y central fueron informadas para la gestión de ayudas y permisos.

Presuntamente, en lo que sigue, con el proyecto del ingeniero leonés en su poder, el inversor externo, una gran empresa, acudió sin contar con él a las administraciones. Aprovechando los contactos al máximo nivel, la gran empresa lo tramitó como proyecto propio en dos factorías: una para La Robla y otra para Barcial del Barco. Para ello hubo de valerse, presuntamente de connivencias en la Junta, en las consejerías de Fomento (PP) y de Industria (Ciudadanos), donde se sabía de la propiedad intelectual de este proceso industrial. La gran empresa culminó la exclusión del ingeniero planteándolo como algo propio al Gobierno de España. Éste lo tramitó así, para la captación de fondos Next Generation EU, aunque había cargos que conocían el origen del trabajo.

El ingeniero paramés, en defensa de sus intereses, presentó las demandas correspondientes, sustentadas por abundante. indubitable y contrastada documentación. Las instituciones europeas, a las que ha llegado este conflicto, se interesan actualmente por un presunto fraude en los varios cientos de millones de euros en ayudas, mientras se debilita la marca España.

Si los demandados no alcanzan un acuerdo con el ingeniero, el presunto escándalo judicial podría estallar durante la presidencia española de la UE, en precampaña electoral por la presidencia del gobierno, y con derivaciones hacia la Junta. Por el contrario, un acuerdo entre las partes desactivaría el presunto polvorín y atraería beneficios para León.