La proposición de ley sigue la tramitación –se aprobará en el último pleno de las Cortes de esta legislatura– al recibir 71 votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos, diez abstenciones de Podemos y uno en contra de IU, durante un debate en el que los firmantes da la iniciativa apelaron a la defensa del mundo rural, de su turismo, su economía, el medio ambiente, la salud de las personas y de los animales y la seguridad vial.
En este sentido, el presidente del Grupo Popular y candidato a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sentenció que "sin la caza no se entiende nada" en el medio rural, después de asegurar que ni es cazador ni le gusta la caza pero respeta a los que tienen esa afición. "Está en riesgo la libertad y la convivencia a las ideas ajenas que quieren imponer su forma de vida a la mayoría silenciosa", aseveró.
Fernández Mañueco asentó su defensa de esta actividad en criterios económicos como los 500 millones generados al año y los 8.000 empleos en el medio rural, en la existencia de más de 5.500 cotos de caza o las diez reservas regionales de caza. A ello, unió el equilibrio ecológicos o que la sobrepoblación de jabalí y corzo generan accidentes y daños humanos y en los cultivos. "La proposición de ley se adapta a los tiempos y responde a las demandas del mundo rural desde el punto de vista económico, social y medioambiental", señaló.
El socialista José Luis Aceves calificó de importante el debate para los intereses de la comunidad, defendió su apoyo en la política útil de su partido para la solución de un problema y acusó a la Junta de no haber desarrollado los reglamentos de la ley de 1996 de caza. Aceves añadió que su grupo quiere ser garante y por ello se unió al acuerdo con el PP y Ciudadanos para presentar la proposición de ley, pero abogó por una ley en la próxima legislatura. "En 22 años no han reglamentado la ley, es un mal balance", indicó.
"Algo no se ha hecho bien por el Partido Popular cuando estamos intentando salvar a la caza", inició el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado, que abogó por realizar un nuevo proyecto de ley en la próxima legislatura para el desarrollo de esta actividad con garantías. "Caza sí, no regulada de esta manera", subrayó.
Tres motivos en contra
El procurador de IU, José Sarrión, expresó su rechazó a la toma en consideración y a la proposición de ley con los argumentos de que se vulnera la tutela judicial efectiva de la participación de la sociedad civil, se comete un "error" al recoger en la nueva norma el listado cinegético sin estudios de censo ni de sobrepoblación tumbado en el decreto y se vulneran directivas de la Unión Europea sobre las aves. "Está mal hecha", definió.
Sarrión afirmó que está a favor de la caza pero "profundamente regulada y claramente acotada", lo que en su opinión no hace la iniciativa de los tres grupos proponentes, para recordar todas las sentencias anuladas por los tribunales en cuestión de medio ambiente a la Junta y recalcar que no es una decisión de los ecologistas, que se limitan a la denuncia, sino de los jueces.
El parlamentario de IU recibió la critica, en especial, de Fernández Mañueco y de Delado. El primero, que manifestó que "se hará" una nueva ley de caza, calificó su posición de "sectarismo, dogmatismo e ideología". "Viva la caza, viva la libertad", concluyó con el aplauso de su bancada.
Sarrión, que esperaba "más rigor y un debate de más altura" por parte del líder del PP, remarcó que el principal argumento de elevar un decreto en el que se recoge el listado de especies cazables a ley es eludir los informes, la participación de la sociedad civil y evitar el recurso en un tribunal ordinario, ya que se tiene que presentar en el Tribunal Constitucional con 50 diputados.
Además, recriminó a Fernández Mañueco que dijera que esa "minoría debe quitar sus sucias manos de Castilla y León", a quien respondió: "Somos una minoría que cuando la dan la razón la tenemos. ¡Quiten sus sucias manos de nuestra administración!". En la misma línea, Félix Díez afirmó de entrada que Podemos defiende una caza social y sostenible, sostuvo que la normativa presentada no supone un blindaje sino un "parche" para salvar la temporada cinegética y se decantó por una una nueva ley de caza.
Los cazadores tomaron ayer en la plaza de las Cortes de Castilla y León en defensa de la actividad cinegética en la comunidad y frente a la "contaminación" del "animalismo radical" de la judicatura y los intereses políticos. Representantes de asociaciones de cazadores procedentes de toda la comunidad y de otros lugares de España, junto responsables de las organizaciones profesionales agrarias exigieron el blindaje de la caza, durante la aprobación por parte del pleno de las Cortes, de una proposición de ley, en respuesta a una sentencia del TSJ que prohibía la actividad cinegética en la comunidad.