La Junta no ha cobrado la tasa de rescate de montaña en sus tres años de vigencia

La Junta de Castilla y León no ha cobrado la Tasa en Materia de Protección Ciudadana durante sus casi tres años de vigencia. Esta medida entró en vigor a finales de febrero de 2012 y permite cobrar los costes de algunos rescates de montaña.

Concretamente, se aplica sólo en aquellos casos en los que se hayan cometido imprudencias por parte de las víctimas, como es el caso de no llevar el material adecuado para desarrollar la actividad, desoír las advertencias y avisos meteorológicos o ignorar zonas señaladas como peligrosas o prohibidas.

La tasa sigue vigente, pero hasta la fecha sólo ha tenido una función disuasoria, como explican desde la Junta de Castilla y León Así lo han confirmado a este periódico desde la Agencia de Protección Civil de Castilla y León, que está dirigida por Fernando Salguero. La tasa sigue vigente, pero hasta ahora ha tenido una función disuasoria. Desde la Junta siempre se ha defendido que es fundamental que la sociedad esté concienciada de la importancia de la prevención. Activar el Grupo de Rescate supone un elevado coste e implica que sus recursos no estarán disponibles para otro incidente que pueda suceder en ese momento.

Cabe recordar que la puesta en marcha de esta tasa provocó cierta polémica al tratarse de una cuestión de seguridad para las personas. Sin embargo, la tasa supuso inicialmente un descenso en el número de intervenciones, lo que reflejaba ese carácter disuasorio con el objetivo de lograr que la gente tenga cuidado cuando sale por las zonas de montaña de la provincia. Ahora que se ha producido un repunte, es conveniente recordar la necesidad de que los montañeros se conciencien más de cómo hay que ir equipado y de las conductas a tener en cuenta en este tipo de situaciones. En todo caso desde la Agencia de Protección Civil de Castilla y León se ha considerado que no ha habido ningún hecho que sea constitutivo de la correspondiente liquidación de la Tasa en Materia de Protección Ciudadana.

Evitar que se produzcan incidentes por imprudencias que obliguen a activar los servicios de rescate supone mejorar la seguridad de los ciudadanos y también un ahorro económico, puesto que el coste del despliegue puede llegar a ser importante.