"Estabilidad jurídica" para 503 asociaciones del Tercer Sector

El delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia, Juan Martínez Majo, se reunió este miércoles con representantes de 19 entidades leonesas del Tercer Sector Social para explicarles los detalles del anteproyecto de ley en el que trabaja el Gobierno autonómico y con el que pretende dotar a estas asociaciones de una mayor "estabilidad jurídica". En total, son 503 las asociaciones de la provincia a las que afecta una norma "tan necesaria como importante" y que pretende "poner en valor la aportación de estas asociaciones para hacer una sociedad más cohesionada y solidaria".

En la reunión, que se celebró en la Delegación territorial de la Junta en León y se alargó durante alrededor de una hora, los representantes de estas entidades pusieron sobre la mesa algunas de sus grandes preocupaciones, como la estabilidad financiera o su participación en las decisiones de la administración que les afectan.

Martínez Majo desglosó los cinco pilares fundamentales sobre los que se asienta la nueva norma, destacando que "León es una provincia muy activa en el terreno social". Así, la Ley del Tercer Sector Social sobre la que trabaja la Junta establece "un marco legal de referencia" y establece "las fórmulas de participación" para trabajar en red. Además, actualiza la normativa del voluntariado como integrante del Tercer Sector Social, un apartado que se desarrolla "de una manera amplia", aclarando que "nunca un voluntario puede suplir a un profesional". Por otra parte, refuerza los canales de comunicación entre la administración y las entidades sociales y trata de favorecer la coordinación entre ellas "en diversos aspectos". Por último, impulsa la creación de un censo de organizaciones que "permitirá conocer la realidad del Tercer Sector en la provincia".

Además, el delegado de la Junta en León hizo hincapié en la importancia de dotar a estas asociaciones de un "marco jurídico estable" porque "son las que están más cerca de la ciudadanía y las que mejor conocen las problemáticas", mientras que "cada vez son más los colectivos que necesitan ayuda específica".

Durante la reunión, Martínez Majo recordó que el documento de la nueva ley se encuentra disponible en la plataforma de Gobierno Abierto de la Junta y estará expuesto durante 20 días para que se puedan presentan las alegaciones que se consideren oportunas. El siguiente paso será llevarlo al Consejo de Gobierno y, a partir de ahí, comenzará su tramitación en las Cortes de Castilla y León.

Su estructura se divide en cinco capítulos, 19 artículos, dos disposiciones adicionales y tres disposiciones finales en los cuales se establece un marco jurídico común a una entidades que trabajan con personas mayores, personas con discapacidad, por la inclusión social o en la protección de la infancia.