En los últimos años asistimos a un fenómeno preocupante que afecta directamente a la calidad de los servicios que reciben ciudadanos y empresas: el intrusismo profesional en el ámbito de la gestión administrativa. No se trata de una cuestión menor ni de una defensa corporativa; hablamos de seguridad jurídica, de confianza y de la correcta aplicación de normas que inciden en la vida diaria de miles de personas.
Ejercer como gestor administrativo no es simplemente “tramitar papeles”. Es interpretar la normativa, anticipar riesgos, asesorar con rigor y responder ante posibles errores. Por ello, la colegiación obligatoria no es un obstáculo, sino una garantía imprescindible. Garantiza que quien ejerce cuenta con la formación adecuada, está sujeto a normas deontológicas y responde ante un colegio profesional que vela por el interés general.
Cuando esta exigencia se elude, las consecuencias son claras: proliferan servicios sin control, sin responsabilidad y sin garantías. Ciudadanos que confían en quien no debe acaban enfrentándose a sanciones, pérdidas económicas o situaciones administrativas complejas que podrían haberse evitado. El intrusismo, en definitiva, no solo daña a la profesión: perjudica directamente al ciudadano.
El Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León desempeña aquí un papel insustituible. No solo ordena el ejercicio profesional, sino que actúa como barrera frente a prácticas irregulares, denunciando, vigilando y, sobre todo, informando. Porque la mejor defensa frente al intrusismo es también una ciudadanía consciente, que sepa identificar a un profesional cualificado y exigir garantías.
La colegiación es, ante todo, un compromiso: con la ética, con la excelencia y con el servicio público. Y ese compromiso no puede ser sustituido por ofertas improvisadas ni por atajos que, a la larga, salen caros.
Defender la colegiación obligatoria es, por tanto, defender al ciudadano. Es apostar por un modelo profesional basado en la responsabilidad, la transparencia y la calidad. En un entorno cada vez más complejo, donde la Administración exige precisión y conocimiento, no hay espacio para la improvisación.
La pregunta no es si debemos combatir el intrusismo, sino cómo intensificar esa lucha. Y la respuesta pasa, necesariamente, por reforzar el papel de los colegios profesionales, exigir el cumplimiento de la normativa y seguir trasladando a la sociedad un mensaje claro: cuando está en juego la seguridad jurídica, la confianza no puede dejarse en manos equivocadas.