Con esta solicitud, las tres formaciones políticas pretenden que tanto la alcaldesa de San Andrés como todos los concejales presuntamente implicados en la Operación Enredadera ofrezcan las explicaciones. Los concejales que registraron la petición renuncian a cobrar la remuneración plenaria que les correspondería.
Las tres formaciones políticas se acogieron lo establecido en el artículo 46.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local que fija que podrá haber sesión extraordinaria cuando así lo decida el presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la corporación, como es en esta ocasión.
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