En ese sentido, Enrique Pascual, que presentó este viernes el balance de inversión en obra oficial en Castilla y León durante el primer semestre, subrayó que el consejero es una persona “honesta” y un dirigente “muy ejecutivo”, lo que explica en su opinión que contactara por teléfono con el empresario leonés José Luis Ulibarri, cuya conversación se ha conocido al formar parte de la investigación de la operación Enredadera.
Asimismo, Pascual aseguró que pudo llamar a otras empresas también puesto que a su juicio Suárez-Quiñones trató de “resolver un problema” generado por el mal estado de la carretera LE-413, que une Villadangos y Valcabado del Páramo. Señaló que intentó que el empresario investigado se “interesara por la obra”, un “negocio muy malo” a su juicio puesto que se licitó en casi 3,6 millones y se adjudicó con una rebaja del 40,89 por ciento, al límite de la “baja temeraria”.
“No era una obra, era un muerto”, sentenció Enrique Pascual, también empresario del sector. “Si me llama a mí, me hace un siete”, apostilló. El presidente de la Cámara de Contratistas, crítico en ocasiones con la gestión de Suárez-Quiñones, recalcó que aunque la actuación hubiera sido un “buen negocio”, que precisó “no es el caso”, el nuevo adjudicatario hubiera tenido que negociar con los técnicos las condiciones en las que se hacía cargo del proyecto.
Por ello, Enrique Pascual señaló que Suárez-Quiñones con su actuación no podía “favorecer” de “ninguna manera” al empresario con el que habló porque recalcó que en una cesión de contratos el nuevo adjudicataria asume la obra “exactamente a los precios” en que se contrató el proyecto.
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