Santiago Macías lleva 25 años investigando los crímenes de la retaguardia franquista. El 2 de noviembre, una placa en el cementerio de Villamartín del Sil recordará a 19 represaliados, entre ellos unas víctimas cuya muerte destapó las contradicciones de un sistema que terminó archivando la denuncia contra sus presuntos responsables.
En la madrugada del 21 al 22 de agosto de 1937, Emiliano y Dionisio Álvarez Álvarez fueron sacados de sus casas en Villamartín del Sil. Cinco falangistas y cuatro guardias civiles acudieron a por ellos y los obligaron a acompañarlos hasta Matarrosa del Sil. Sin embargo, en lugar de conducirlos al cuartel de la Guardia Civil, la comitiva se dirigió a un paraje conocido como la escombrera de las Moruecas, a las afueras de la localidad. Allí, según la documentación recuperada por el investigador, ambos hermanos fueron acribillados a tiros. Horas después, algunos vecinos los enterraron siguiendo las órdenes del pedáneo.
Tenían detrás una disputa por el riego entre su hermana Esperanza y una vecina de Matarrosa, Julia Álvarez Otero. A partir de aquel enfrentamiento, los hermanos habrían sido denunciados ante la Guardia Civil como desafectos al Movimiento y acusados de otras conductas falsas. Una disputa vecinal acabó así vinculada a una actuación represiva que terminaría con dos vidas.
Lo extraordinario de esta historia no es solo el asesinato, sino lo que sucedió después. El 28 de agosto de 1937, el jefe local de Falange en Matarrosa, Belarmino Álvarez Álvarez, denunció los hechos ante la Jefatura Provincial de Falange de las JONS. Identificó a cinco falangistas que, según su declaración, habían participado en la detención y muerte de los hermanos. No pudo identificar a los cuatro guardias civiles porque, cuando trató de averiguar sus nombres en el cuartel, le advirtieron de que no removiese el asunto, según concreta Macías en su trabajo La Toga y la Venda, galardonado en el Premio de investigación Helio Estévez del IEB en 2020.
La denuncia tardó casi diez meses en llegar al instructor. Cuando comenzaron las actuaciones, los cinco falangistas ofrecieron versiones prácticamente idénticas: reconocieron haber detenido a los hermanos por supuestas amenazas contra la Guardia Civil, pero aseguraron que los habían trasladado al cuartel y puesto en libertad después de tomarles declaración. Los cuatro agentes implicados declararon en la misma línea.
El informe sobre la conducta de los falangistas llegó a calificarlos como personas de «inmejorable conducta». En el caso de Pedro Barriales González, uno de los denunciados, se destacó su apoyo a las candidaturas de derechas en las elecciones de febrero de 1936 y su adhesión al golpe militar. Sin embargo, el propio archivo conservaba antecedentes de cuatro años antes que reflejaban una situación distinta: Barriales había sido detenido junto a otros vecinos por su supuesta participación en los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 en la cuenca minera del Sil.
Finalmente, el 30 de octubre de 1938, un auto del auditor solicitó el sobreseimiento del procedimiento. Argumentó que no se había podido demostrar que los nueve encartados fueran los autores de las muertes y que el tiempo transcurrido dificultaba nuevas diligencias. Una demora que, como subraya Macías en su investigación, resulta especialmente llamativa porque la denuncia llevaba meses sin avanzar antes de que se iniciara formalmente la instrucción.
«Hasta dónde llegaba la arbitrariedad» es, en palabras del investigador, una de las claves que revela este caso. La lógica represiva podía invertir los papeles hasta el punto de que «los criminales acaban siendo convertidos en víctimas» y las víctimas pasaban a ser culpables. La denuncia existió, los hechos fueron relatados y hubo nombres sobre la mesa, pero el procedimiento terminó archivado sin que se depuraran las responsabilidades.
Muertos sin inscripción oficial
A esa historia se suma otra forma de desaparición: la administrativa. Los hermanos no llegaron a figurar inscritos en los registros civiles de Toreno, municipio en el que fueron asesinados (en Matarrosa), ni de Páramo del Sil, al que pertenecían, según la documentación que maneja Macías. Sus muertes quedaron fuera de los registros oficiales y de los listados de víctimas elaborados por la Causa General franquista.
El caso encaja en una realidad más amplia que el investigador lleva 25 años documentando. En su estudio La toga y la venda. Los tribunales militares de la retaguardia rebelde durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista (1936-1946), distinguió entre las víctimas que dejaron rastro en los procedimientos militares y aquellas que fueron asesinadas extrajudicialmente, muchas veces sin que su muerte quedara registrada en el momento en que se produjo.
La investigación de los registros civiles de los 38 municipios actuales del Bierzo permitió localizar 388 inscripciones de defunción relacionadas con la represión extrajudicial. A ellas se suman otras 494 víctimas cuyas muertes no fueron inscritas, identificadas a través de testimonios orales y de la información aportada por las familias. El balance provisional asciende así a 882 personas asesinadas fuera de los procedimientos judiciales, aunque Macías advierte de que la cifra no es definitiva.
Las inscripciones que se realizaron tiempo después respondieron a menudo a necesidades prácticas de las familias, como tramitar herencias, resolver cuestiones relacionadas con el servicio militar de los huérfanos, contraer segundas nupcias o cambiar de residencia. En muchos casos, las defunciones quedaron anotadas bajo fórmulas impuestas por las autoridades franquistas, como «la lucha nacional contra el marxismo».
El trabajo de Macías, reconocido en 2020 con el Premio de Investigación Antonio Estévez del Instituto de Estudios Bercianos, trata de reconstruir tanto la identidad de las víctimas como la de quienes participaron en la represión. Los documentos conservados en el Archivo Intermedio de la Región Militar Noroeste, en Ferrol, permiten seguir procedimientos judiciales que, en ocasiones, constituyen la única referencia documental de lo sucedido.
El investigador subraya que, nueve décadas después, todavía queda mucho por esclarecer sobre las víctimas y sus verdugos. Muchos de estos últimos nunca rindieron cuentas por sus crímenes, ni siquiera después de la recuperación de la democracia.
El próximo 2 de noviembre, el cementerio de Villamartín del Sil acogerá la colocación de una placa en recuerdo de 19 represaliados vinculados a la localidad. El homenaje pretende devolver un nombre y un lugar en la memoria colectiva a quienes fueron víctimas de la violencia y, en algunos casos, ni siquiera llegaron a existir oficialmente en los registros de defunción.
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