Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha reclamado a la Junta de Castilla y León la adopción de medidas estructurales en la carretera autonómica CL-631, tras el desprendimiento registrado recientemente en el municipio de Páramo del Sil, que obligó al corte total de la vía y al desvío del tráfico por los accesos del antiguo lavadero minero de La Recuelga.
La formación leonesista considera que este episodio vuelve a poner de manifiesto el deterioro de una infraestructura que califica de esencial para la comunicación entre las comarcas del Bierzo y Laciana. En este sentido, UPL sostiene que lo ocurrido no debe analizarse como un hecho aislado, sino como parte de una problemática recurrente que afecta a esta carretera autonómica desde hace años.
Desde el partido recuerdan que la CL-631 ya sufrió cortes en la primavera de 2024 como consecuencia de otro desprendimiento en un tramo distinto, y señalan que los derrumbes de taludes se han repetido en los últimos tiempos. A su juicio, esta situación evidencia que las actuaciones realizadas hasta ahora han sido puntuales y reactivas, sin una intervención global que garantice la estabilidad de la vía.
En este contexto, la procuradora de UPL en las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, registró a mediados de enero una pregunta escrita dirigida al Ejecutivo autonómico para solicitar explicaciones sobre lo sucedido. En la iniciativa parlamentaria pregunta si la Junta puede garantizar la seguridad de la CL-631 y si tiene previsto llevar a cabo un estudio geológico del entorno que permita anticiparse a posibles nuevos desprendimientos.
UPL señala que este tipo de estudios debería traducirse posteriormente en obras y soluciones definitivas, y no limitarse únicamente a diagnósticos técnicos. Por ello, reclama a la Junta que actúe con planificación, una dotación presupuestaria suficiente y criterios preventivos, en lugar de intervenir únicamente tras producirse incidencias.
La formación leonesista subraya la importancia de la CL-631 para la movilidad y la conectividad del Bierzo y Laciana y recuerda que, al tratarse de una vía de titularidad autonómica, corresponde a la Junta de Castilla y León garantizar su seguridad y mantenimiento.