Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha registrado dos preguntas parlamentarias en las Cortes de Castilla y León para reclamar a la Junta que dé marcha atrás en los recortes educativos que afectan al CRA de Carucedo y al CEIP Valladares Rodríguez de Toreno. La formación leonesista pide recuperar la jornada completa del maestro de apoyo en el centro rural y reabrir el aula de Educación Infantil suprimida en el colegio de Toreno.
En el caso de Carucedo, la Junta ha decidido para este curso 2026-2027 eliminar la plaza de maestro de apoyo a jornada completa, una medida vinculada al cierre de una de las aulas del centro. Según denuncia UPL, la Administración autonómica ha anunciado posteriormente la incorporación de un docente de apoyo, pero únicamente a media jornada.
Este cambio supone pasar de contar con un maestro a tiempo completo, que también impartía las clases de Música, a disponer de este recurso durante la mitad de la jornada. La decisión ha generado malestar entre las familias, que consideran que el recorte afecta a la atención educativa del alumnado.
UPL sostiene que la Junta debe tener en cuenta las particularidades de la escuela rural y aplicar criterios más flexibles en las ratios para garantizar la igualdad de oportunidades entre los estudiantes de los pueblos y los de las ciudades. Por ello, reclama que se restituya la jornada completa del maestro de apoyo en el CRA de Carucedo.
La segunda iniciativa parlamentaria se centra en el CEIP Valladares Rodríguez de Toreno, donde la Consejería de Educación ha decidido cerrar un aula de Infantil. La medida implica que los once niños de tres y cuatro años matriculados en esta etapa compartan una misma aula.
La decisión ha provocado el rechazo del AMPA del centro, que ha recogido 2.282 firmas para pedir a la Junta que revoque el cierre. Las rúbricas ya fueron entregadas en la sede de la Administración autonómica en Ponferrada.
UPL ha trasladado esta reivindicación a las Cortes de Castilla y León mediante una pregunta escrita en la que reclama que se restituya el aula suprimida. La formación considera que la decisión perjudica a la comunidad educativa y pide al Gobierno autonómico que revise su aplicación.
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