La Concejalía de Transporte y Movilidad en el Ayuntamiento de Ponferrada, dirigida por Carlos Fernández, ha salido al paso de las críticas de la oposición defendiendo las mejoras realizadas en el Servicio Municipal de Transporte (SMT) y aclarando los costes del contrato en los últimos mandatos.
En relación con las pantallas informativas, que el PSOE critió que no funcionaban, apunta que en el periodo 2019-2023 la empresa adjudicataria ofertó monitores TFT de 21 pulgadas que fueron adquiridos pero no llegaron a instalarse. Según la Concejalía, es en el actual mandato cuando se está procediendo a su colocación para integrarlas en el sistema de información a los usuarios del transporte público.
Desde el inicio del mandato 2023-2027 se han instalado nuevas marquesinas apunta, como respuesta a la solicitud de más infraestructuras de este tipo efectuada por el PSOE, en distintos puntos del municipio: en la calle Real, 49, en Columbrianos; en la avenida del Bierzo, 75, en Dehesas; dos en la avenida del Castillo, en el entorno del CEAS I y la plaza Fernando Miranda; dos en la avenida de Astorga, junto al Campus; y otra en el entorno del Hospital El Bierzo, en Fuentesnuevas. Además, se han reubicado las marquesinas del Conservatorio y de la avenida de Portugal, 117.
Respecto al coste del contrato, la Concejalía señala que el firmado por el anterior gobierno municipal ascendió a 2.499.159,54 euros, cifra que, tras modificaciones por valor de 249.734,59 euros, alcanzó un total de 2,75 millones de euros. Asimismo, añade que un incumplimiento contractual derivó en un requerimiento de la empresa adjudicataria por importe de 330.107 euros, cantidad que incluye una indemnización de 51.154,36 euros "tras una sentencia por despido improcedente".
En cuanto a la diferencia entre el anterior contrato y el actual, el área explica que viene motivada en parte por la subida salarial del 26% aplicada a la plantilla, conforme al convenio en los últimos ejercicios. La Concejalía subraya que el voto en contra de PSOE y Vox en el Pleno del 22 de marzo de 2024 a la propuesta de prórroga presentada por el equipo de gobierno obligó al Ayuntamiento a asumir ese incremento, que, "de haberse aprobado, habría corrido a cargo de la empresa adjudicataria", afea.