Hasta en cuatro ocasiones, el ahora despedido trabajador de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), que se incorporó a la entidad el 29 de diciembre de 2023 como director de Asesoría Jurídica y Recursos Humanos, con un contrato de prueba de seis meses, fue llamado por la dirección para abordar las quejas recibidas por parte de los empleados sobre su trato.
Según explican fuentes de Ciuden, desde su primer mes en la institución comenzaron a recibirse quejas, algunas de ellas presentadas por escrito y registradas oficialmente por el comité de empresa. Entre los comportamientos denunciados se encontraba un trato vejatorio hacia los trabajadores, llegando a llamarles “mongoles”, además de reiteradas faltas de respeto.
Las quejas fueron en aumento y llegaron a incluir afirmaciones de que el entonces directivo, identificado como D. C., habría comunicado a los empleados que había sido contratado para elaborar un plan de cierre de Ciuden, algo que la Fundación niega de forma rotunda. “Solo pretendía amedrentarles y generar preocupación”, señalan las mismas fuentes.
La situación se agravó hasta que, pocos días antes de finalizar su periodo de prueba, una trabajadora presentó una denuncia interna por acoso laboral, lo que llevó a la activación del protocolo interno para depurar responsabilidades. Como consecuencia, el empleado fue cesado el 14 de junio, quince días antes de concluir su contrato de prueba.
El despido fue recurrido por el extrabajador ante el Juzgado de lo Social de Ponferrada, aunque la resolución dio la razón a Ciuden tras la presentación de abundante documentación, incluidos correos electrónicos intercambiados con la dirección. No obstante, el exdirectivo ha recurrido ahora al Tribunal Superior de Justicia y solicita su reincorporación al puesto de trabajo.
De forma paralela, el extrabajador presentó una segunda denuncia contra Ciuden por supuestas irregularidades en su actividad, acusaciones que la Fundación ha desmentido de manera tajante.
Contratos del programa DinamiARTj
En relación con la denuncia sobre presuntas irregularidades en los contratos culturales del programa DinamiARTj, Ciuden asegura contar con expedientes completos y regularizados de cada actuación, todos ellos publicados en el Portal de Transparencia y remitidos al Tribunal de Cuentas. Además, señala que se han realizado auditorías de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), así como auditorías externas que certifican la legalidad de los procedimientos.
Respecto a la acusación de fraccionamiento de contratos para evitar procesos de licitación, Ciuden sostiene que se ha utilizado correctamente la figura del contrato menor, “porque es la que corresponde y emplear otra sería irregular”, ya que cada actuación se realiza en fechas, lugares y condiciones distintas, lo que supone objetos de contratación diferentes.
La Fundación sí reconoce la existencia de un contrato con una cooperativa gallega de espectáculos por un importe cercano a los 248.000 euros, aunque explica que responde a la contratación de nueve grupos incluidos en el programa. Por ello, defiende que la limpieza de los procedimientos ha sido “ejemplar” y asegura haber presentado al juzgado más de 50.000 documentos para aclarar la situación.
Entre las denuncias también figura la supuesta adjudicación “a dedo” del Festival de Flamenco. Desde Ciuden aclaran que los pliegos de condiciones no estaban dirigidos, ya que únicamente exigían dos años de experiencia en festivales de este tipo y la organización de al menos tres eventos similares. Se presentaron dos propuestas y se eligió “la que triplicaba la experiencia requerida”.
Tampoco aprecian irregularidades en el contrato de gestión de entradas, un programa informático para el que se presentaron siete propuestas. El contrato, por un importe de 77.000 euros para dos años más una posible prórroga, superó el corte con tres entidades, siendo adjudicado a la oferta que presentaba un menor porcentaje sobre el precio de las entradas.
Por todo ello, Ciuden considera que la causa está clara y continúa en sede judicial, donde, según indican, aún no se ha requerido la declaración de ningún responsable de la Fundación. “Únicamente se nos ha solicitado documentación”, concluyen.