El PSOE de Ponferrada, con Olegario Ramón a la cabeza, desgranó este martes la deuda que mantiene el Ayuntamiento con la empresa FCC y explicó el origen de la misma, todo ello con el objetivo de "poner claridad y veracidad" después de las acusaciones vertidas por el concejal de Medio Ambiente, Carlos Fernández, hacia la formación socialista.
Para llegar al inicio de esta deuda hay que remontarse a la huelga en el servicio de limpieza del año 2017. Por entonces, se firmaron dos acuerdos plenarios que indicaban que el sobrecoste que suponía el acuerdo llegado por la empresa con los sindicatos lo asumiría el Consistorio: "Los efectos económicos que pudieran derivarse de este acuerdo se cuantificarán en fase de liquidación del contrato".
Años más tarde, el 16 de agosto de 2022, entró en vigor el nuevo contrato del servicio, por lo que desde ese momento se debía proceder a la liquidación del anterior contrato. Por ello, el 3 de octubre la empresa presentó un escrito con las cantidades que entendía que se le adeudaban, un montante total superior a los 7 millones de euros. Ante esto, el equipo de gobierno de Olegario Ramón, por entonces alcalde de la ciudad, solicitó una prórroga de seis meses para que los servicios técnicos del Ayuntamiento examinaran esta propuesta de liquidación con el fin de determinar que las cantidades fueran correctas. Según el portavoz socialista, el documento tenía una extensión y una cantidad de documentación "ingentes" , por lo que era necesario estudiarlo con detalle.
Esta prórroga finalizó ya con Marco Morala con el bastón de la Alcaldía, y su equipo solicitó una nueva prórroga de otros seis meses que terminó en marzo de 2024, "pues aún no se había terminado la revisión del documento", comentó Ramón. Un mes después, en abril, la empresa se cansó de esperar y pidió al Ayuntamiento que procediera a la liquidación del contrato. Desde entonces, por parte del Consistorio todavía no se ha comunicado si se está de acuerdo con las cantidades reclamadas o no.
Las reclamaciones detalladas
Olegario Ramón desgranó con detalle todas las cantidades que pide FCC a Ponferrada. En cuanto a costes de personal, la cifra asciende hasta 5,9 millones de euros, aproximadamente; respecto a revisiones de precios, 711.164 euros; reparaciones de la flota de vehículos del servicio de limpieza, 315.042 euros (195.468 euros durante el gobierno del PP y 119.574 con el PSOE); por el coste de alquiler de un vehículo recolector de carga trasera que prestó servicio entre el 25 de noviembre de 2019 y el 15 de agosto de 2022, FCC reclama 59.850 euros; y, para terminar, por la sustitución de 49 contenedores realizada el 9 de mayo de 2022, pide 15.898 euros. En total, poco más de 7 millones de euros.
No ceder en la última huelga
En la presentación de estos detalles, Ramón también quiso recordar la postura que mantuvo su equipo de gobierno durante la última huelga en el servicio de limpieza. Por entonces, el PSOE reiteró una y otra vez que no aportaría ningún euro de las arcas municipales para poner fin al conflicto, emplazando a la empresa y a los trabajadores a llegar a un acuerdo sin recurrir a las arcas públicas. Ramón explicó que para evitar que un posible nuevo gobierno en la ciudad (cabe recordar que la huelga fue poco antes de las elecciones municipales) se encontrara con una deuda tan importante de golpe, su formación se mantuvo firme con esa postura de no ceder, al contrario que ocurrió con la huelga de 2017. "Es probable que nos perjudicara electoralmente, pero pusimos por encima de todo el interés y el patrimonio de la ciudadanía", reconoció.
"Nos están engañando"
Para terminar, Ramón denunció el discurso que mantiene el Partido Popular, pues "trata de justificar lo que acabará sucediendo: una subida de impuestos". El socialista afea que los 'populares' recurran a la deuda del Mundial de Ciclismo para indicar que no se podrá realizar la comprometida bajada de impuestos. "El PP va a subir los impuestos y engaña con esta deuda. La cantidad real consignada es de2.900.000 euros por si había finalmente que devolver dinero al Banco Santander", señaló, por lo que descarta que la deuda de 2.400.000 euros sea una justificación válida.
En este sentido, aprovechó para reprochar el "elevado gasto" que está llevando a cabo el actual equipo de gobierno. Sobre esto, recordó que la interventora, "la cual no se llama Olegario Ramón ni es el PSOE", ha dicho ya en dos informes que "el Ayuntamiento presenta la necesidad de financiación, por lo que el control del gasto debería ser estricto". Sin embargo, el portavoz socialista apuntó que en los últimos meses se ha producido un gasto superior en 2,6 millones al que se debería.