El Grupo Municipal Socialista de Ponferrada ha presentado una demanda contencioso-administrativa por la falta de ejecución del acuerdo plenario que debía modificar la tasa de los puestos exteriores del mercado de abastos. Su portavoz, Olegario Ramón, acusa al equipo de Gobierno de mantener una situación de inseguridad jurídica para los comerciantes al no adaptar la ordenanza al sistema de cobro por metros lineales que, según recuerda, se viene aplicando desde 2002 aunque la norma establecía metros cuadrados.
El conflicto se remonta a la propuesta de modificar la tasa para calcularla en función de los metros cuadrados de los puestos, en lugar de los metros lineales. Según los cálculos del PSOE, el cambio supondría un incremento medio del 60,8% respecto a las cantidades que venían abonando los vendedores. Frente a esa posibilidad, los socialistas defendieron modificar el texto de la ordenanza para sustituir la referencia a metros cuadrados por metros lineales, sin aumentar el importe.
Tras varios intentos de modificación que no prosperaron, el PSOE solicitó un pleno extraordinario que se celebró el 19 de junio de 2025. En aquella sesión, la Corporación aprobó por unanimidad iniciar el expediente para cambiar la unidad de medida de la tasa y adecuarla a la práctica de cobro existente.
El grupo socialista sostiene que la situación mantiene a unos 200 comerciantes en la inseguridad jurídica
Sin embargo, Ramón sostiene que el acuerdo no se ejecutó en los términos aprobados y que la ordenanza permaneció sin modificar. El grupo socialista asegura haber reclamado su cumplimiento en distintas comisiones municipales a lo largo de 2025 y 2026, sin obtener una solución definitiva.
Hasta el Procurador del Común
Ante la falta de avances, el PSOE trasladó el asunto al Procurador del Común. La institución recomendó al Ayuntamiento que pusiera en marcha los trámites para modificar la ordenanza, al considerar que la demora prolongaba la inseguridad jurídica de los vendedores y recordar la obligación de ejecutar los acuerdos plenarios.
Pese a ello, Ramón afirma que la situación ha seguido sin resolverse por lo que se ha decidido encauzar la demanda judicial. La cifra de perjudicados estaría en alrededor de 200 los vendedores afectados, aunque reconoce que no dispone del número exacto.
El dirigente socialista responsabiliza directamente al alcalde, Marco Morala, de garantizar el cumplimiento del acuerdo plenario. También critica la falta de coordinación entre las áreas municipales implicadas, ya que, según relata, desde Hacienda se les trasladaba que la modificación se iba a realizar, mientras que desde Comercio se les aseguraba que ya estaba modificada.
Ramón considera que el cambio acordado no suponía una alteración de las cantidades abonadas, sino una adaptación de la normativa a la práctica existente. «Hay algún concejal que se tiene que salir con la suya siempre», afirmó, en referencia a la falta de ejecución del acuerdo, por el edil de Comercio, David Pacios.
Con la demanda ya presentada, el PSOE queda ahora a la espera de que avance el procedimiento judicial para reclamar que se cumpla la decisión adoptada por el Pleno y se dé una solución definitiva a la regulación de la tasa.
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