El PSOE cuestiona el modelo de las futuras 80 viviendas de alquiler de La Rosaleda

Tras el anuncio del alcalde de Ponferrada, Marco Morala, de que espera que las 80 viviendas para jóvenes proyectadas en La Rosaleda puedan colocar su primera piedra antes de que termine este mandato, el PSOE considera que, aunque la vivienda es, sin duda, uno de los grandes problemas de cualquier ciudad “y que se construyan viviendas protegidas es una buena noticia”, conviene mirar más allá del “anuncio, de la foto y de la primera piedra”. “Porque cuando hablamos de vivienda pública hablamos también de patrimonio público, de dinero público y, sobre todo, de qué modelo de ciudad queremos dejar a las próximas generaciones”, explican los socialistas.

En el último pleno de Ponferrada se aprobó, aclaran, “no la cesión de la parcela” para acoger ese proyecto de viviendas, “es una declaración de intenciones”, apuntan. La cesión propiamente dicha tendrá que aprobarse posteriormente y aún quedarán por delante numerosos trámites. “Resulta llamativo que hace apenas unos días el alcalde se negara a ceder una parcela para la sede del Consejo Comarcal mientras no hubiera un proyecto, pero esa exigencia parece desaparecer cuando quienes solicitan el suelo son de su mismo color político”, afean los socialistas. “Morala dice que espera ver colocada la primera piedra durante este mandato, pero lo cierto es que, para hacer eso posible, lo que tendría que haber aprobado es la cesión, lo que nos deja claro que sus palabras son solo humo que no van a poder ser posibles”, abundan.

“En el pleno no hemos aprobado ninguna cesión efectiva: hemos asistido a un nuevo ejercicio de propaganda del equipo de gobierno. Y más preocupante aún es que, como ha señalado Vox, esta iniciativa se presente como un primer paso de la llamada «prioridad nacional»”.

Vivienda libre hay, que se pueda pagar no

En Ponferrada hay viviendas. Hay viviendas nuevas, viviendas usadas, promociones privadas y pisos en venta. El problema es que disponer de vivienda en el mercado no significa que exista vivienda asequible para quien tiene que comprarla con un salario normal, apunta el PSOE.

Precisamente, el propio convenio que el PP ha aprobado reconoce una realidad que debería estar en el centro de cualquier política pública: la situación de escasez y carestía de la vivienda y la incapacidad del mercado libre para dar respuesta a determinadas necesidades sociales.

“Por eso existe la vivienda protegida. Y por eso existe el patrimonio público de suelo”, explican los socialistas. “Porque si el mercado ya resolviera por sí solo el problema de acceso a la vivienda, no tendría sentido que las administraciones públicas cedieran gratuitamente terrenos, concedieran ayudas, bonificaran impuestos y movilizaran recursos públicos para construirla”.

La cuestión, por tanto, no es si Ponferrada necesita viviendas. La cuestión es “qué viviendas necesita y cuánto tiempo queremos que cumplan una función social”.

Un solar municipal para viviendas que se van a vender

Aclara el PSOE que el convenio de las 80 viviendas a construir en La Rosaleda es muy claro en un aspecto: el Ayuntamiento cede gratuita y definitivamente a Somacyl una parcela municipal para desarrollar una promoción de viviendas protegidas destinadas a la compraventa. Además, el Ayuntamiento asume compromisos para facilitar la operación, incluida una bonificación del 95% del ICIO y la tramitación prioritaria de licencias. Es decir, el Ayuntamiento pone el suelo. Somacyl promueve. Y las viviendas se venden.

Según el PSOE, los expertos en urbanismo y vivienda advierten de que concentrar todas las viviendas protegidas en un único bloque, separado del resto de la trama urbana, puede favorecer la segregación residencial y la creación de guetos, como apuntó su portavoz en pleno. “Ese es el modelo que plantean PP, Vox y Coalición por El Bierzo: agrupar a quienes acceden a vivienda protegida en una misma promoción, haciendo visible quiénes son y señalando, en la práctica, a familias que pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad”. Frente a ello, los estudios defienden integrar la vivienda protegida en barrios diversos, evitando concentraciones excesivas y favoreciendo la cohesión social.

Pero, además, se apunta que los futuros compradores deberán cumplir determinados requisitos: estar inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León, tener unos ingresos familiares comprendidos entre uno y cinco veces el IPREM, no disponer de otra vivienda en los términos establecidos por la normativa y acreditar una antigüedad mínima de diez años de empadronamiento en municipios de Castilla y León. Para los menores de 36 años se contempla una reducción del 20% sobre el precio máximo de venta. Son condiciones que regulan el acceso inicial a las viviendas.

Y hay una pregunta que se hizo el PSOE en el pleno y que dio lugar a una polémica con el equipo de Gobierno y con Vox: ¿Castilla y León no es España? Si se ha puesto de manera explícita en el convenio, consideran que “significará en la práctica que ¿podrán acceder a las viviendas los pucelanos o leoneses y no nuestros vecinos de O Barco de Valdeorras?”. El convenio exige diez años de empadronamiento en municipios de Castilla y León. Una persona de O Barco puede vivir, trabajar o tener su familia en El Bierzo y, sin embargo, quedar excluida por una frontera administrativa. “¿Tiene sentido aplicar estos límites cuando la realidad social y laboral de nuestra comarca no entiende de fronteras?”

Además, hacen una pregunta política que consideran que el Ayuntamiento debería contestar con claridad: “¿Qué garantía quiere dejar establecida para que el esfuerzo que hoy hacen todos los ponferradinos poniendo gratuitamente el suelo al servicio de esta promoción mantenga durante el mayor tiempo posible su finalidad social?” Porque, consideran, “aquí está la diferencia entre hacer política de vivienda y simplemente promover vivienda protegida”.

¿Durante cuánto tiempo seguirá siendo protegida?

La legislación de Castilla y León establece una duración de 30 años del régimen legal de protección, contados desde la licencia de primera ocupación. La propia normativa contempla, además, limitaciones a la descalificación cuando el suelo haya sido cedido o enajenado por una Administración pública.

Por tanto, no sería correcto afirmar que las 80 viviendas de La Rosaleda se convertirán automáticamente en viviendas libres al cumplirse esos 30 años. Pero “tampoco debería el Ayuntamiento conformarse con decir que son «viviendas protegidas» y dar por cerrado el debate”, consideran. Y dejan en el aire otra reflexión: “si para construirlas se utiliza gratuitamente patrimonio municipal, ¿por qué no aspirar a garantizar que esa función social se mantenga durante el mayor tiempo posible o incluso de manera permanente?”. Es una de las razones por las que consideran que, como hicieron en el pleno, no se puede apoyar esta cesión de la parcela de más de dos mil metros cuadrados en La Rosaleda, “porque la vivienda debe ser protegida mientras exista, porque no podemos permitir que desde el Ayuntamiento se especule con el suelo, que se permita que un suelo público, pasados 30 años, se convierta en vivienda libre y se pueda vender por el doble o incluso más de su valor de compra”.

La nueva legislación ofrece una nueva posibilidad de que tengan un carácter permanente el régimen legal de protección y su descalificación está prohibida. Por tanto, “no estamos hablando de algo imposible o desconocido. Estamos hablando de diferentes modelos de política pública”, exponen. Y consideran que “aquí es donde las diferencias entre lo que se hizo antes y lo que se está haciendo ahora resultan evidentes”.

Suelo público para alquilar, no para vender

Durante el anterior mandato socialista se puso en marcha la actuación de 20 viviendas colaborativas protegidas en alquiler para jóvenes de Andrés Viloria.

El Ayuntamiento cedió por 50 años a Somacyl un terreno de titularidad pública con categoría dotacional, integrado en una parcela de más de 17.000 metros cuadrados, en su mayor parte zona verde, en el entorno de la avenida de los Escritores, Andrés Viloria y la calle Manchester. El objetivo era construir vivienda pública destinada al alquiler social, principalmente para jóvenes. “No es un matiz menor”, apunta el PSOE.

Aquella actuación estaba concebida para ampliar el parque público de vivienda en alquiler. Las viviendas tienen una superficie útil máxima de 60 metros cuadrados, dos dormitorios, dos baños y terraza, además de espacios comunes.

Y, lo más importante, abundan, “no se trataba simplemente de utilizar suelo público para facilitar que se vendieran viviendas protegidas. Se trataba de utilizar ese patrimonio para mantener durante décadas una oferta pública de alquiler”.

Dos modelos distintos

“Uno pone suelo municipal para una promoción protegida destinada a la venta. El otro pone suelo público para ampliar el parque de alquiler social”. Son dos modelos distintos, quiere dejar claro el PSOE, “y cuando hablamos de las dificultades para acceder a una vivienda digna, esa diferencia importa”.

Consideran que el patrimonio municipal “no debería convertirse en una fuente de recursos que desaparecen”.

Y mientras se anuncia como uno de los grandes proyectos del mandato la cesión gratuita de una nueva parcela municipal, aseguran que este Gobierno ha optado también por desprenderse de otros bienes públicos.

Recuerda el PSOE que el caso del antiguo cuartel de la Guardia Civil es especialmente significativo. El Ayuntamiento compró aquel solar al Ministerio del Interior por 2,5 millones de euros en 2009. En 2025, la única oferta presentada para adquirirlo fue de 972.000 euros, una cantidad muy inferior tanto al precio que había pagado el Ayuntamiento como a los 1,5 millones que inicialmente se habían previsto como ingreso municipal. “Y para esa venta el PP y CB no le puso ningún requisito, no le preocupaba entonces la vivienda protegida”, afean.

“Se podrá argumentar que se trata de operaciones urbanísticas diferentes. Y lo son. Pero existe un hilo conductor: qué hace un Gobierno municipal con el patrimonio que pertenece a todos. Porque el suelo público no es un solar más”, recuerdan.

Es un recurso limitado que una Administración puede utilizar para hacer vivienda pública, equipamientos, zonas verdes, servicios o cualquier otra actuación de interés general. “Cuando se vende o se entrega para una determinada actuación, esa decisión tiene consecuencias durante décadas”, dejan claro.

“La vivienda pública debe seguir siendo pública”

La vivienda libre ya existe “y seguirá existiendo”, subrayan. Lo que no existe en cantidad suficiente es vivienda a precios que permitan a una persona con un salario normal acceder a una casa sin que la compra o el alquiler se conviertan en una carga insoportable. “Por eso necesitamos vivienda pública”, justifica el PSOE. “Necesitamos alquiler asequible. Necesitamos suelo público destinado a vivienda. Y, sobre todo, necesitamos que la vivienda que se construye gracias al esfuerzo y al patrimonio de todos conserve el máximo tiempo posible su función social”.

Porque, puntualizan, si el Ayuntamiento cede gratuitamente un terreno público para hacer vivienda, lo razonable es que esa aportación tenga un retorno social que vaya mucho más allá de la inauguración del edificio.

“Ponferrada tiene una deuda histórica con La Rosaleda”

Pero, además, el Gobierno de PP y Coalición por El Bierzo puede presentar las 80 viviendas de La Rosaleda como uno de sus proyectos estrella, “y no podemos seguir concentrando población en La Rosaleda sin abordar antes el déficit de equipamientos y dotaciones que arrastra el barrio”. Es más, reconocen que “Ponferrada tiene una deuda histórica con La Rosaleda”, donde muchos de los espacios dotacionales previstos nunca llegaron a materializarse. Antes de continuar aumentando la población, consideran que “el Ayuntamiento debería garantizar los servicios, las zonas de convivencia y los equipamientos que sus vecinos necesitan. De lo contrario, se corre el riesgo de seguir construyendo viviendas sin construir barrio, agravando las carencias existentes en lugar de corregirlas”, dicen.