El Ayuntamiento de Ponferrada ha aprobado, sin el apoyo del PSOE, en pleno la cesión a la Junta de Castilla y León de una parcela municipal en La Rosaleda para la construcción de unas 80 viviendas protegidas, una actuación que el equipo de Gobierno vincula especialmente con el acceso de los jóvenes a la vivienda y con el objetivo de fijar población en la ciudad.
La portavoz del PP, Lidia Coca, defendió el acuerdo como una oportunidad para incorporar vivienda protegida al parque residencial de Ponferrada y destacó que estará «dedicada a los jóvenes», con bonificaciones del 20 por ciento. «Lo que buscamos es fijar población, que es uno de nuestros ejes fundamentales», señaló.
Desde Coalición por El Bierzo, el portavoz y concejal de Medio Rural, Iván Alonso, aprovechó el debate para reclamar que este tipo de políticas tengan también en cuenta al extenso territorio rural del municipio. Alonso confió en que la Junta impulse un plan de vivienda para el medio rural «mucho más completo», ya que Ponferrada se encuentra con la «perversa norma» de los municipios de más de 20.000 habitantes pese a contar con un amplio territorio rural. «Seguiremos peleando por ese plan de vivienda joven en el medio rural», aseguró.
El portavoz socialista, Olegario Ramón, puso el acento en que el pleno no estaba aprobando todavía la cesión efectiva del suelo, sino un borrador de convenio. «Aquí no aprobamos hoy nada. Solo un borrador de convenio», afirmó, antes de recordar que todavía será necesario tramitar el expediente administrativo que permita materializar la cesión gratuita de la parcela.
Ramón cuestionó además algunos de los compromisos vinculados al proyecto. Según explicó, la ordenanza fiscal actualmente vigente no permitiría aplicar las bonificaciones anunciadas y tampoco considera que pueda establecerse un plazo concreto para la tramitación de la licencia en los términos planteados.
«Solo se trae un anuncio para presumir», afirmó el portavoz socialista, que consideró que, más allá del anuncio, todavía queda recorrido administrativo para que las viviendas puedan hacerse realidad.
El PSOE planteó también sus reservas sobre la concentración de las 80 viviendas en un único bloque o emplazamiento, al considerar que podría generar un «gueto». Ramón apuntó que existen otras parcelas de titularidad de la Junta que podrían contribuir a repartir la vivienda protegida por diferentes puntos de la ciudad. Citó una parcela situada en el entorno del Centro Comercial La Máquina, donde podrían construirse entre 20 y 30 viviendas, y otras posibilidades en Navaliegos.
El socialista cuestionó además que se continúe incrementando la población en La Rosaleda sin acompañar ese crecimiento de una ampliación paralela de los servicios públicos del barrio.
Otro de los puntos de discrepancia estuvo en las condiciones de la cesión y, especialmente, en el derecho de reversión del suelo una vez transcurridos 30 años.
Ramón mostró su preocupación por que, una vez superado ese periodo, pueda perderse el derecho a recuperar el suelo si deja de destinarse a vivienda pública. «Un suelo público puede pasarse a vender pasados esos años a un precio alto», advirtió.
El portavoz socialista planteó como alternativa la utilización del derecho de superficie, con un plazo más prolongado, para garantizar que la parcela mantenga su finalidad pública. «Nos gustaría que no se perdiera la protección y se mantenga ese derecho de reversión para que dentro de 30 años ese suelo no pueda ser un negocio», señaló.
Prioridad Nacional, aplaude Vox, contra el PSOE
El acuerdo incorporó además dos enmiendas planteadas por Vox, cuya portavoz, Patricia González, agradeció al PP que aceptara sus propuestas. Una de ellas establece la prioridad para personas censadas durante más de diez años en Castilla y León "y España", subrayó, mientras que la segunda introduce como requisito que los beneficiarios no tengan antecedentes por determinados delitos, según defendió el grupo durante el pleno.
El portavoz socialista mostró su rechazo a la incorporación de estos criterios, sobre todo por entender que se cierra a castellano y leoneses, algo que generó una polémica que se cerró avalando ese censo en Castilla y León y España. «Estamos absolutamente en contra», afirmó Ramón.
El debate derivó entonces hacia cuestiones de ámbito nacional, con González reprochando a los socialistas determinadas posiciones políticas. La portavoz de Vox llegó a afirmar que «les da vergüenza España» y acusó al PSOE de mostrar "simpatía hacia el independentismo" y de "hacer pleitesía a Marruecos".
El pleno también sirvió para subir a escena la problemática ceutí y poner sobre la mesa las posturas, a nivel nacional, de los partidos. la propuesta de declarar la defensa del pueblo de Ceuta presentada como moción por parte de Vox fue aprobada , sin los votos socialistas.
Ponferrada regulará la limpieza de parcelas para evitar riesgos de incendios
El Ayuntamiento de Ponferrada ha dado el primer paso para regular la limpieza de solares, parcelas y terrenos sin edificar con la aprobación provisional en pleno de una nueva ordenanza municipal, una norma con la que el Gobierno local pretende agilizar la actuación sobre terrenos abandonados, especialmente en las zonas de interfaz entre los núcleos urbanos y el entorno rural.
El concejal de Medio Rural, Iván Alonso, defendió la necesidad de esta regulación ante un problema que calificó de «latente» y que, tras los incendios registrados en los últimos años, considera especialmente relevante. «El riesgo severo del abandono de las parcelas de interfaz es absolutamente prioritario», afirmó.
Alonso explicó que hasta ahora los mecanismos municipales no permitían actuar con la suficiente agilidad a la hora de identificar las parcelas y localizar a sus propietarios, una dificultad que se acentúa en un municipio de las dimensiones de Ponferrada, con 33 núcleos rurales y sus correspondientes zonas de interfaz.
En muchos casos, señaló, existen terrenos cuya titularidad resulta difícil de determinar, lo que complica los procedimientos para exigir su limpieza. De ahí que el Ayuntamiento considere necesaria una ordenanza que permita «trabajar de manera ágil y ordenada» sobre estas parcelas.
El responsable de Medio Rural reconoció que los últimos años han estado marcados por distintos problemas relacionados con los incendios y confió en que la nueva regulación contribuya a implicar a los propietarios en el mantenimiento de sus terrenos. En este sentido, advirtió de que una actuación subsidiaria generalizada por parte del Ayuntamiento supondría un coste muy elevado: «Hacer esto de manera subsidiaria sería ingente», reconoció.
La propuesta contó también con el respaldo del portavoz de Vox, Gerardo González, que incidió en la necesidad de dotar de agilidad a los procedimientos y vinculó la limpieza de las parcelas con la prevención y lucha contra los incendios.
Desde el PP, su portavoz, Lidia Coca, defendió que la nueva norma permitirá establecer con claridad las obligaciones de los propietarios y facilitar la intervención municipal cuando estas no se cumplan. «Todos los propietarios van a saber lo que tienen que hacer y, si no lo hacen, se podrá actuar con la agilidad que se nos exige», señaló.
El portavoz del PSOE, Olegario Ramón, mostró una posición crítica con la aplicación práctica de la ordenanza y advirtió de que puede acabar convirtiéndose en «papel mojado» si no se le dota de medios para ponerla en marcha.
El debate pone así el foco no solo en la necesidad de establecer obligaciones para los propietarios de solares y parcelas, sino también en la capacidad del Ayuntamiento para identificar los terrenos, localizar a sus titulares y hacer cumplir la nueva regulación.
Añadir La Nueva Crónica como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.