El Procurador del Común de Castilla y León ha estimado la queja presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Ponferrada por el retraso en la ejecución de un acuerdo plenario relacionado con la tasa del mercadillo municipal. La resolución recuerda al alcalde, Marco Morala, su obligación legal de cumplir los acuerdos adoptados por el Pleno.
El acuerdo al que se refiere la queja fue aprobado en la sesión plenaria celebrada el 19 de junio de 2025, a iniciativa del grupo socialista. En él se instaba a iniciar la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa del mercadillo para sustituir la unidad de medida de metro cuadrado (m²) por metro lineal (ml) en el cálculo aplicable a los puestos eventuales. Según defendía el grupo proponente, el objetivo era adaptar el texto normativo a la práctica que, aseguran, el Ayuntamiento viene aplicando desde 2002.
De acuerdo con la resolución, han transcurrido más de ocho meses desde la aprobación del acuerdo sin que se haya impulsado formalmente la tramitación necesaria para su ejecución. El Procurador señala que la ejecución de los acuerdos plenarios no es facultativa, sino una obligación establecida en el artículo 21 de la Ley de Bases del Régimen Local y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales.
El órgano autonómico subraya que el alcalde carece de margen para valorar la oportunidad o conveniencia de un acuerdo válidamente adoptado por el pleno y advierte de que una inactividad prolongada puede vulnerar los principios de eficacia, legalidad y seguridad jurídica.
Asimismo, la resolución apunta a una discrepancia entre la redacción vigente de la ordenanza —que fija el metro cuadrado como unidad de medida— y el sistema de liquidación que, según se recoge en la queja, se viene aplicando en metros lineales desde hace más de dos décadas. Esta situación, indica el Procurador, puede generar incertidumbre entre los vendedores ambulantes que desarrollan su actividad en el mercadillo municipal.
En su recomendación, el Procurador insta al alcalde a iniciar "a la mayor brevedad posible" la tramitación del expediente para modificar la ordenanza, encargando los informes técnicos y jurídicos pertinentes y elevando la propuesta al Pleno en el primer periodo de sesiones disponible. El equipo de gobierno dispone ahora de un plazo de dos meses para comunicar si acepta o no la recomendación.
Desde el Grupo Municipal Socialista consideran que la resolución respalda su postura y han advertido de que, en caso de no atenderse la recomendación, valorarán la adopción de otras medidas, incluidas posibles acciones judiciales para exigir el cumplimiento del acuerdo plenario.