El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha solicitado la intervención del Tribunal de Cuentas para que lleve a cabo una fiscalización "urgente, exhaustiva e independiente" sobre la contratación y la ejecución del gasto de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), entidad pública vinculada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Instituto para la Transición Justa.
La iniciativa, registrada este miércoles en el Congreso e impulsada por las diputadas leonesas del Partido Popular Ester Muñoz y Silvia Franco, plantea que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas solicite un examen detallado de todos los contratos y pagos realizados por Ciudenentre 2021 y 2025, ampliable a 2026 si fuera necesario.
Según el PP, la petición se fundamenta en la existencia de "gravísimas sospechas" sobre la gestión de fondos públicos en esta fundación estatal con sede en Ponferrada, que desarrolla proyectos vinculados a la transición energética en las comarcas mineras. Las parlamentarias sostienen que, ante la acumulación de sospechas sobre diversos procesos de contratación, resulta necesario revisar "hasta el último euro" para garantizar transparencia y control.
La propuesta plantea analizar especialmente los contratos menores adjudicados por la fundación, con el objetivo de comprobar su motivación, la posible reiteración de adjudicaciones a determinados proveedores o la eventual agregación de servicios y conceptos. También pide estudiar los procedimientos ordinarios de contratación, incluyendo el diseño de pliegos, los criterios técnicos de valoración y la trazabilidad de las puntuaciones otorgadas a las ofertas.
Entre los expedientes citados en la iniciativa figura un contrato licitado por Ciuden en mayo de 2025 por 471.900 euros y adjudicado finalmente a la empresa Base Sistemas y Suministros S.A. por 458.590 euros. Según el texto registrado por el PP, cuatro de las cinco ofertas presentadas fueron excluidas antes de la apertura de las propuestas económicas, un proceso que, a su juicio, merece una revisión detallada.
Además, la petición incluye la fiscalización de los circuitos de pago de la fundación, la documentación justificativa, los asientos contables y el posible uso de mecanismos como caja fija, anticipos o pagos a justificar. El PP señala que, si de esa revisión se derivaran indicios de responsabilidad contable por daño a los caudales públicos, el Tribunal de Cuentas debería actuar en el ámbito de sus competencias.
Las diputadas populares defienden que la iniciativa no pretende anticipar conclusiones ni sustituir posibles actuaciones judiciales, sino garantizar una comprobación externa e independiente sobre el uso de fondos públicos en una entidad dependiente del Gobierno.