El Juzgado de Ponferrada ha abierto una investigación para intentar esclarecer presuntas irregularidades en contratos de la Fundación Ciudad de la Energía, Ciuden, que ascenderían a 2,6 millones de euros, según denunció un extrabajador de la institución. Se trataría, principalmente, de contratos relacionados con el programa cultural Dinamiz-ARTj, que lleva actividades culturales a territorios en transición.
El extrabajador presentó esa denuncia en 2024, en la que alega irregularidades en pequeños contratos para beneficiar a empresas concretas y con pagos fraccionados. Posteriormente el trabajador fue despedido, por lo que mantiene abierto otro conflicto, vía penal, con la Fundación, al considerar este despido una represalia por su denuncia.
Por ahora Ciuden ha negado, en declaraciones a Ical, estos hechos, y afirma que "como fundación pública actúa siempre desde la más estricta legalidad en todo su ámbito de actuación y en todos los procesos de contratación".
Añade que "las acusaciones mencionadas provienen de un extrabajador que apenas estuvo cinco meses en su puesto y fue cesado durante el período de pruebas por graves faltas cometidas contra sus compañeros. Esta persona interpuso una demanda que ya ha sido desestimada por sentencia judicial", concluye.
El PP "desconfía" de Ciuden
Al respecto, el Partido Popular de Ponferrada solicita explicaciones inmediatas y una auditoría externa sobre la gestión de Ciuden. El portavoz de la gestora de la formación, Carlos Fernández, afirma que la investigación "pone de manifiesto la gravedad del asunto" y subraya la necesidad de aclaraciones independientes. Según asevera, los procedimientos observados en Ciuden generan "desconfianza" debido al fraccionamiento de pagos, el uso de anticipos y la falta de información sobre los destinatarios y la adecuación de los proyectos financiados.
El portavoz del PP recuerda que, durante años, ha existido entre algunos ciudadanos la percepción de que Ciuden actuaba "como un instrumento de reparto discrecional de recursos públicos", y señala que la investigación judicial podría aportar claridad sobre estas sospechas. Fernández añade que, además de la responsabilidad legal, se requiere una evaluación de la "responsabilidad política" y de la utilidad social de los fondos gestionados por la institución.
Tres preguntas al Gobierno
Por su parte, los parlamentarios leoneses en el Congreso y el Senado han registrado tres preguntas para que el Gobierno ‘aclare’, dicen, qué “actuaciones ha realizado o va a realizar” para, por un lado, “asegurar la preservación, integridad y trazabilidad de la documentación contractual y de los pagos vinculados a los hechos investigados” y, por otro, “qué medidas ha tomado el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para garantizar la confidencialidad de las denuncias para prevenir represalias y proteger la colaboración con la justicia”.
Los populares plantean si el Gobierno “ha remitido actuaciones o documentación al Tribunal de Cuentas o a la Fiscalía”, y si el Gobierno “ha actualizado las conclusiones de las actuaciones internas y si ha reforzado las medidas para evitar el fraccionamiento de los contratos y limitado el uso de los anticipos”.