El Ayuntamiento de Ponferrada mantendrá durante nueve meses el actual contrato del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, después de que haya finalizado su periodo de vigencia sin que se haya puesto en marcha la nueva licitación. El Pleno aprobó la continuidad excepcional del servicio por razones de interés público, con la abstención del Grupo Municipal Socialista.
El expediente llega después de que el contrato adjudicado en 2022, con una duración inicial de tres años y una posible prórroga de un año, haya alcanzado su finalización sin que el Ayuntamiento haya podido activar un nuevo procedimiento de contratación.
Desde Coalición por el Bierzo, el concejal Iván Alonso reconoció que la situación “no es la ideal”, pero la vinculó a las limitaciones derivadas de contar con un presupuesto prorrogado desde 2024, que, según explicó, deja poco margen para asumir el coste que tendrá el nuevo servicio. También señaló que el futuro contrato debería incorporar mejoras, especialmente para reforzar la atención en los pueblos con mayor actividad turística.
“No podemos y nos vemos abocados a esta continuidad. No nos queda otra”, afirmó Alonso, quien defendió la necesidad de mantener la prestación mientras se prepara el nuevo contrato.
La portavoz del PP, Lidia Coca, respaldó la continuidad y aseguró que el Ayuntamiento está validando los informes técnicos que justifican mantener el servicio por interés público.
El portavoz socialista, Olegario Ramón, criticó duramente la gestión del contrato y recordó que el Ayuntamiento anuló en 2014 el anterior procedimiento y que en 2022 se aprobó el actual contrato, que comenzó a prestarse el 15 de agosto de ese año.
Ramón insistió en que su grupo viene reclamando desde mayo, tanto en comisiones como en plenos, que se avance en la preparación de los nuevos pliegos. El Ayuntamiento había optado por una futura gestión indirecta del servicio, una decisión que el socialista calificó de “paripé” porque, a su juicio, ya estaba tomada previamente.
El problema, según Ramón, es que el Ayuntamiento ha llegado a una situación límite al no haber iniciado a tiempo la nueva licitación. “No pueden siquiera acogerse a la prórroga porque no se anunció la licitación”, señaló, por lo que ahora se recurre a una “orden de continuidad excepcional” durante nueve meses.
El portavoz socialista consideró que el Gobierno municipal ha tenido distintas alternativas para disponer de consignación presupuestaria suficiente. Entre ellas citó recurrir a modificaciones de crédito, una fórmula que, según recordó, el Ejecutivo ya ha utilizado por unos 17 millones de euros; negociar unos nuevos presupuestos que recogieran el coste real del servicio o incluso plantear una cuestión de confianza vinculada a las cuentas municipales. “Ha tenido tres opciones para tener consignación suficiente, pero no lo ha hecho”, reprochó Ramón.
El socialista asumió que el servicio debe continuar prestándose para evitar dejar a la ciudad sin recogida de residuos y limpieza, pero calificó la situación como “un ejemplo de dejadez, de falta de coordinación” y consideró que demuestra que, tres años y medio después del inicio del mandato, no existe suficiente trabajo ni voluntad de alcanzar acuerdos.
Ramón también advirtió de que el problema no se limita al servicio de basuras y recordó que el contrato de transporte público y el de la ORA se encuentran igualmente en situación de continuidad, pese a los compromisos municipales de avanzar hacia nuevos contratos.
Vox reclama dimisiones
Desde Vox, su portavoz, Patricia González, coincidió en denunciar la falta de previsión y de diálogo del equipo de Gobierno y reclamó responsabilidades políticas por la situación.
González llegó a afirmar que “por decencia alguien dimita” y consideró que esa sería una forma de intentar salvar la situación generada por la caducidad del contrato.
La portavoz de Vox también arremetió contra la gestión municipal con un discurso más amplio sobre las prioridades del Gobierno local, al que acusó de destinar recursos a cuestiones que su formación considera ajenas a las necesidades de los vecinos. Entre sus críticas incluyó la apertura de una oficina para inmigrantes y otras actuaciones del equipo de Gobierno.
Ramón, por su parte, reclamó al alcalde que asuma decisiones ante una situación que considera responsabilidad del Gobierno municipal.
El equipo de Gobierno defiende que la continuidad responde a una necesidad de interés público para garantizar un servicio esencial, mientras se trabaja en la preparación del nuevo contrato. Entre las cuestiones pendientes se encuentra también la definición de las condiciones económicas y laborales que deberán incorporarse al futuro servicio.
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