La teniente de alcalde de Ponferrada, Lidia Coca, indica que ante el fallo del TSJ de Castilla y León en relación con la obligación del pago al Banco de Santander de casi 2,5 millones de euros “se procede al análisis por los servicios jurídicos de la posibilidad de interponer un recurso”.
“Nos encontramos ante la obligación de pagar una suma muy importante en un momento en que las necesidades de la ciudad y sus habitantes aconsejarían destinar una cantidad semejante a mejorar las infraestructuras y facilitar la actividad económica”, dice. La proyección hacia este momento de decisiones anteriores, que provienen en el caso de la solicitud del préstamo y su gasto de hace una década “tiene un impacto importante, por lo que hay que analizar sus consecuencias financieras y las posibilidades jurídicas que tiene un recurso contra esa resolución”, dice.
Por ello, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Ponferrada están analizando, por un lado, la conveniencia de iniciar una nueva fase judicial, que llevaría a la interposición de un recurso de casación, y por otro lado, su viabilidad jurídica, en atención a los contenidos de la sentencia del TSJ.
“El actual equipo de gobierno no intervino en las decisiones políticas y administrativas que han ocasionado esta situación, y ha de considerar las posibilidades de que prospere la admisión y luego la estimación de un recurso de casación ante el Supremo que, somos conscientes, tiene siempre considerables dificultades jurídicas, por no hablar de la posibilidad de aumentar los gastos del procedimiento, que salen del erario público”, dice Coca. “Nuestra preocupación es, por tanto, y a la vista del estudio que están haciendo los servicios jurídicos, tomar la decisión más oportuna en conjunto, pensando en los intereses municipales y de los ponferradinos”, sentencia.