El Ayuntamiento de Ponferrada ha aprobado la cesión gratuita a la Junta de Castilla y León de una parcela municipal en La Rosaleda, valorada en más de 790.000 euros, de 2.334 metros cuadarados, para la construcción de 80 viviendas protegidas. El acuerdo, que salió adelante con la negativa del PSOE, establece que la Administración autonómica deberá desarrollar el proyecto en un plazo máximo de cinco años y mantener la calificación de protección de las viviendas de manera indefinida, ampliando así el compromiso inicial, que contemplaba un periodo de 30 años.
El expediente incluye también la desestimación de las alegaciones presentadas por vecinos de la zona, que cuestionaban la idoneidad de la parcela elegida y advertían de las consecuencias que podría tener la llegada de nuevos residentes sobre el tráfico y los servicios del barrio. Los alegantes consideraban que podían haberse estudiado otros terrenos y alertaban de que La Rosaleda no está preparada para asumir ese incremento de población.
Desde Coalición por El Bierzo, Iván Alonso defendió el interés general como argumento para rechazar las alegaciones, mientras que la portavoz del PP, Lidia Coca, recordó que los técnicos municipales ya habían informado desfavorablemente sobre ellas y que la operación se ajusta a la normativa urbanística.
El portavoz socialista, Olegario Ramón, anunció que su grupo no entraría a discutir las alegaciones porque, según señaló, «está claro en los informes». Sí puso sobre la mesa su rechazo a la cláusula de prioridad nacional que se pretende aplicar en el acceso a las viviendas, con un requisito de diez años de empadronamiento en Castilla y León y España. Por lo demás, consideró que el mantenimiento indefinido de la protección era una garantía suficiente para respaldar el convenio. «¿Quién va a estar en contra de crear vivienda protegida?», planteó.
La discusión política se encendió con la intervención de Vox. Su concejala Patricia González defendió la prioridad nacional y contrapuso los criterios de su formación a los del PSOE: «Para el PSOE existe la prioridad ilegal, para nosotros la prioridad nacional», afirmó. También cuestionó las críticas al requisito de empadronamiento de diez años y acusó a los socialistas de preferir «dar las viviendas a delincuentes». «Se están delatando. Son un partido que se cae a cachos porque viven en contra de los españoles», añadió.
Coca aseguró que el PP no iba a entrar en «demagogias» y defendió que su objetivo era avanzar en política de vivienda, una materia en la que, a su juicio, «el Gobierno de Sánchez no ha hecho» lo suficiente. Ramón respondió que aceptar la cláusula de Vox también suponía entrar en ese terreno. «Se les ve mucho el plumero. Aceptan criterios racistas cuando no lo necesitan porque saben que sacarían este convenio con acuerdo», reprochó. El portavoz socialista pidió al equipo de gobierno que se desvincule de la ultraderecha: «Desvincúlense de la ultraderecha y seríamos capaces de tener acuerdos en muchas cosas».
El enfrentamiento llegó también al alcalde, Marco Morala, que intervino para defender la necesidad de una «reconstrucción nacional» y acusó a los socialistas de ser, como partido, aliados a nivel nacional de grupos terroristas. Sus palabras enervaron a la bancada socialista, que fue llamada al orden en dos ocasiones. Morala reprochó la actitud de los concejales y de otras personas presentes en el salón de plenos y cuestionó: «¿Qué ejemplo están dando a la ciudadanía?», dijo.
Al margen del enfrentamiento político, Morala defendió la elección de La Rosaleda como una oportunidad para que Ponferrada pueda disponer de vivienda protegida destinada especialmente a los jóvenes. El regidor reconoció que se estudiaron otras posibilidades, aunque ninguna reunía todos los requisitos necesarios. «Se estudiaron otras opciones», explicó, pero una estaba situada en una zona sin desarrollar y otra no contaba con superficie suficiente. Las alternativas se encontraban en Fuentesnuevas y Cuatrovientos. «La única que reunía todos los condicionantes fue esta», aseguró.
En cuanto a las alegaciones vecinales, el alcalde explicó que el Ayuntamiento dio el trámite correspondiente a un escrito presentado por un particular en representación de dos comunidades de propietarios. Según detalló, los técnicos municipales plantearon su desestimación y señalaron inicialmente que el interesado no había acreditado su legitimidad para actuar en nombre de ambas comunidades.
Los informes también consideran que los intereses particulares no pueden prevalecer sobre la actuación municipal dirigida a garantizar el acceso a la vivienda mediante políticas públicas y que el uso residencial de la parcela está contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Los vecinos habían advertido de la necesidad de reforzar los servicios y estudiar el posible aumento del tráfico que supondría la construcción de las viviendas. Sobre esta cuestión, Morala recordó que la calificación residencial del terreno ya estaba recogida en el planeamiento urbanístico desde 2007. «Por tanto, según los técnicos, no cabe volver a requerir el análisis de esa parcela», señaló, al considerar que su destino urbanístico ya está establecido.
Añadir La Nueva Crónica como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.