El Partido Comunista de España (PCE) en El Bierzo ha cuestionado el requisito de acreditar diez años de empadronamiento "en Castilla y León y en España" para optar a las 80 viviendas protegidas previstas en La Rosaleda, una condición que fue incorporada al acuerdo municipal a propuesta de Vox y respaldada por PP y Coalición por El Bierzo.
La formación considera que este criterio puede dejar fuera a personas que, pese a mantener vínculos con la comarca, hayan tenido que marcharse durante un periodo para estudiar o trabajar. El PCE pone el ejemplo de jóvenes bercianos que abandonan temporalmente la comunidad y posteriormente quieren regresar a la comarca.
La organización defiende que el acceso a la vivienda protegida debería determinarse fundamentalmente mediante criterios económicos y de necesidad habitacional, y no a partir del tiempo de empadronamiento. En este sentido, considera que personas nacidas en Ponferrada, familias que hayan tenido que emigrar y quieran regresar o residentes llegados de otros lugares pueden encontrarse ante las mismas dificultades para acceder a una vivienda.
«Un inmigrante que lleve 10 años empadronado en Ponferrada podrá acceder a una vivienda, un berciano que lleve dos años trabajando fuera no», señala el PCE, que reivindica que «berciano es quien vive y trabaja en El Bierzo».
La formación vincula además este debate con las medidas sobre vivienda abordadas esta semana en el Congreso de los Diputados y critica que PP y Vox votaran en contra de los decretos planteados por el Gobierno, que incluían, entre otras cuestiones, la prórroga de determinados contratos de alquiler y medidas de protección frente a los desahucios.
El PCE considera que el debate debería centrarse en factores como los salarios, el precio de los alquileres, la vivienda pública disponible y la especulación inmobiliaria, en lugar de establecer una competencia entre colectivos por un parque público que considera insuficiente.
La organización reclama así una política de vivienda pública «suficiente y permanente», con criterios de acceso vinculados a la situación económica y habitacional de las familias, y sostiene que el problema no reside, a su juicio, en las personas migrantes, sino en un modelo que convierte la vivienda en una mercancía.
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