La decisión final de invertir o no en desnitrificación y de mejora de las plantas para prolongar su vida útil más allá de los límites fijados en la Directiva de Emisiones Industriales “debía de haber sido comunicada antes del 31 de diciembre de 2013 de acuerdo al Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Cuencas Mineras 2013-2018”, reprochan. A pesar de que las centrales térmicas han recibido grandes cantidades de dinero público en subvenciones (4.800 millones de euros con el último decreto de Zapatero), no pueden asumir técnicamente el cumplimiento de la normativa europea vigente desde el 1 de enero de 2016, lo que ha motivado la reducción de horas de funcionamiento y por lo tanto ha comprometido la viabilidad de las empresas mineras de León y de Palencia, explican desde Podemos y encuentran la única justificación de que las eléctricas no hayan comunicado su decisión en plazo en que “esperaban medidas legislativas de apoyo para la realización de inversiones en desnitrificación y en adaptación ambiental”. En este sentido Partido Popular y Partido Socialista, dicen “han estado promoviendo legislativamente el soporte económico a las empresas generadoras de electricidad para que los consumidores paguemos a través de la factura de la luz la adaptación a la normativa ambiental europea de las centrales térmicas, a sabiendas de que existe un informe en contra de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y a pesar de que la Unión Europea no va a autorizar esas ayudas porque impide la subvención directa a los combustibles fósiles”.
La falta de previsión de Endesa y de Gas Natural Fenosa ha provocado la baja competitividad de las centrales térmicas de Compostilla y Anllares, dicen, además del anuncio del cierre de estas plantas, la posible pérdida de los puestos de trabajo, y la consiguiente merma del tejido industrial en la provincia de León, “al tiempo que se ha perdido un tiempo fundamental para desarrollar una planificación industrial en el área de influencia socio-económica de estas centrales térmicas que procure empleo, cuestión que para Podemos Castilla y León es una prioridad”.
El comité de Anllares pide vida para la central metiéndose en la Mesa de la Energía
La Mesa de la Energía ya cuenta entre sus miembros con el comité de empresa de la central de Anllares, central propiedad de Unión Fenosa asentada en Páramo delSil, algo que habían solicitado después de conocer las intenciones de la empresa matriz de cerrar puertas adelantándose a la fecha prevista y acordada del 2023, o al cumplir las 17.500 horas de trabajo, un plazo que ahora se podría convertir en un cierre ya en el próximo año. De la parte de los trabajadores, su representante Roberto González, sentado a la mesa con el vicepresidente de la institución, Iván Alonso y el portavoz del PSOE, David Voces apuntó que espera ayuda para que ese cierre no se lleve a cabo antes de lo pactado y aprovechó para recordar que «es el carbón el que regula el precio del megawatio de las centrales térmicas». Aplaude González la idea puesta sobre la mesa del ministro de Energía, Álvaro Nadal, de elaborar un reglamento a través del que se regule el cierre de las centrales térmicas y en el que el Gobierno defina el mix energético. «Estamos de acuerdo con ello venga del partido que venga», declaró González, y con la forma que tenga, tanto con rango de ley como de decreto. Pide González que todas las fuerzas políticas caminen de la mano «se involucren y apoyen la propuesta del Gobierno», para, incluso, elevar la propuesta gubernamental a rango de ley. González pide ayuda «a todos», para que los 77 empleados que siguen operando desde la central de Páramo, abierta desde 1982, puedan seguir adelante, al menos, hasta 2023.
El vicepresidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Iván Alonso, considera «muy enriquecedor» que Anllares esté en la Mesa de la Energía que se reunirá en breve con el fin de abordar esa propuesta del Gobierno central sobre un posible decreto que de amparo al cierre de las térmicas.
«El carbón nacional es necesario», plantea Alonso que, por otro lado, lamenta que «haya que estar encima» y vigilantes de los compromisos que se firman «este es uno de los principales problemas que nosotros vemos», dice, en alusión del pacto que mantenía Anllares sobre el cierre.
«Debe haber dentro del Gobierno de España la sensibilidad suficiente como para que vean que este es un sector estratégico», pide Alonso.