Le acusan de haberse negado “reiteradamente a que la asociación tuviese acceso al local de la segunda planta de la escuela", algo que finalmente consiguieron. Tampoco se ha tramitado la solicitud del pueblo de ser pedanía, por lo que asegura que se ha dado la voz de alarma al Procurador del Común y si se recoge, anuncia una querella por prevaricación al alcalde y a la concejala Carmen Doel, a la que acusan de retrasar el proceso.
Denuncian que incluso “hay funcionarios que han falsificado informes del estado de agua para el consumo en Ozuela y Valdecañada” para forzarles a colocar contadores, infringiendo un pacto que tenían para no hacerlo. “Ponen que están cumpliendo la ley las instalaciones y mienten, no están delimitadas, son abrevaderos de animales, están poniendo en peligro la sanidad pública”, acusan.
Pese a esta situación límite, la agrupación se siente desamparada. Hace un año hizo partícipe a la oposición del problema “todos quedaron de llamarme pero, con la cobertura que tenemos, pues no habrán podido”, dice el presidente con sorna.
Consideran que la solución para estos pueblos pasa porque “influyamos en la toma de decisiones en el Ayuntamiento. Una de cada tres personas vivimos en el pueblo, y sin embargo de los veinticinco concejales, no reside ninguno”, lamenta. “Podríamos influir en la elección de siete u ocho concejales”, apunta por lo que pide que los pueblos se organicen para defenderse.
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