Olegario Ramón espera un “reproche judicial” por la agresión que sufrió frente a la sede del PSOE

El presidente comarcal confía en que la sentencia marque un límite a las amenazas políticas y respalde a la víctima en un episodio grabado en vídeo

05/12/2025
 Actualizado a 05/12/2025
Olegario Ramón en la sede del Consejo Comarcal.
Olegario Ramón en la sede del Consejo Comarcal.

Un “reproche judicial” espera el presidente del Consejo Comarcal, Olegario Ramón, que sea el dictamen de la Audiencia Provincial de León, que el próximo martes 9 de diciembre, a las 12 horas, juzgará a los agresores que el 11 de abril de 2024 le propinaron patadas tras manifestarse, como hacían cada día, a las puertas de la sede del PSOE en Ponferrada. Ramón recuerda aquel episodio como “un momento muy desagradable”, que ha dejado poso también después, con insultos puntuales al cruzarse con algunos de los manifestantes. No así con los agresores directos, que tienen una orden de alejamiento del mandatario, quien rememora que aquel día tuvo que ser escoltado hasta su casa por agentes policiales.

Ahora asegura que “no tengo miedo”, pero también reflexiona que tampoco lo tenía en el momento en que se produjo la agresión, por lo que espera que esa medida de alejamiento pueda mantenerse de alguna manera.

Sobre la petición de la Fiscalía —cinco y dos años de prisión para los acusados por atentado contra la autoridad, lesiones y amenazas— Ramón considera que “se ha tenido en cuenta el agravante de discriminación” y evita valorar la cuantía de las penas: “si son más o menos años no es lo importante; lo que espero es que sea un mensaje para quienes lo hicieron y también para todos”.

Desde el día de la agresión, asegura que no ha habido ningún acercamiento que permitiera un acuerdo previo al juicio y confía en que la sentencia “arrope a la víctima, porque son hechos que están grabados, poco más se puede decir”.

Condena por la agresión a Vox Ponferrada

Hace unos días, el Grupo Municipal de Vox Ponferrada denunciaba —también mediante un vídeo— la agresión sufrida por militantes del partido cuando realizaban una acción de promoción política en la plaza de Julio Lazúrtegui. Un hombre que pasaba por la zona en bicicleta comenzó a insultarles y, en un momento dado, se abalanzó sobre ellos, si bien no se registró agresión física en la grabación.

Ramón explica que se puso en contacto con la portavoz de Vox, Patricia González, para “enviarle un mensaje de condena por la agresión que se hubiera podido producir”, aunque rechaza la interpretación que lanza el partido ultraderechista sobre un supuesto trato desigual entre agresiones. Para él, “los agredidos hemos sido unos: el PSOE, en nuestras sedes, que tuvimos que cerrar por ello”.

A juicio del presidente comarcal, esta escalada continúa, y recuerda las recientes movilizaciones de la ultraderecha frente a la sede federal del PSOE en Madrid, donde se corearon consignas como “pidiendo un tiro en la nuca para el presidente”, que considera de las expresiones más graves y reprochables. Por ello, Ramón pide una sentencia judicial “de reproche” a este tipo de actitudes “contra amenazas políticas a un cargo institucional”, subrayó.

Penas de prisión y 2.500 euros por lesiones

El suceso ocurrió en 2024, cuando varias personas se manifestaban ante la sede del PSOE en Ponferrada en protesta por la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno central. Fue entonces cuando Ramón salió del edificio, tras participar en una reunión de la agrupación municipal socialista, y al dirigirse a su coche los manifestantes comenzaron a increparle con insultos y amenazas. Posteriormente, uno de ellos le agarró y le propinó patadas.

Como consecuencia, el también secretario general del PSOE de Ponferrada y exalcalde de la ciudad sufrió lesiones en la pierna y en un dedo de la mano derecha, que requirieron atención médica.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita cinco años de prisión para el acusado que llevó a cabo la agresión física, por atentado contra la autoridad y lesiones; y dos años de cárcel para el otro acusado, por un delito de amenazas. La indemnización reclamada asciende a 2.500 euros por lesiones y daños morales.

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