Igüeña acogió la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Red de Municipios en Transición Justa de la FEMP, un encuentro en el que alcaldes de distintos territorios españoles afectados por el cierre de actividades energéticas han aprobado una declaración institucional para reclamar un compromiso real con el futuro de estas comarcas: que el Estado tenga un fondo presupuestario y con continuidad destinado a los municipios en transición, ya que hasta ahora solo han sido fondos europeos y temen que sea algo puntual.
La reunión estuvo presidida por la alcaldesa de Ibias (Asturias) y presidenta de la Red, Gemma Álvarez, que pidió ese compromiso puesto que "estos municipios no tienen la capacidad tractora de otros", y necesitan esas ayudas, apuntó. "Hay municipios con cero euros de inversión y es una deuda que tiene el Estado y las comunidades autónomas con ellos, porque fuimos el sostén del país durante muchos años", dijo.
En la reunión se propuso la aprobación de este documento, presentado el pasado mes de julio en Madrid, en el que los municipios reivindican que la transición energética se traduzca en reindustrialización, empleo y nuevas oportunidades para los territorios que durante décadas sostuvieron el desarrollo energético del país.
Álvarez asegura que ya han expuesto su situación en Europa y lo harán de nuevo a finales de mes en Alemania reclamando "una transición real en todos los municipios". Solicitan un fondo para resolver sus necesidades de infraestructuras, pero el alcalde de Igüeña, Alider Presa puntualizaba que "no necesitamos subvenciones, necesitamos obras". Reclamaba así que el Estado tenga en cuenta las dificultades que los pequeños pueblos mineros tienen para licitarlas "se están quedando licitaciones desiertas porque no hay capacidad de las empresas para hacerlas o falta de interés". Reconoce que las administraciones tienen otras vías que podrían reducir tiempos y hacer que se pudiera contar con esas posibilidades antes.
La declaración reclama que la Transición Justa sea considerada una auténtica política de Estado, con financiación suficiente, estabilidad y continuidad institucional, y pide al Gobierno, a las comunidades autónomas, a las diputaciones y el resto de administraciones que aceleren la ejecución de los Convenios de Transición Justa y de las inversiones comprometidas.
Los municipios consideran que los procesos de cierre de explotaciones mineras, centrales térmicas e instalaciones energéticas han generado pérdida de empleo, descenso de población, envejecimiento y reducción de la actividad económica, por lo que reclaman respuestas coordinadas y sostenidas en el tiempo.
El documento también exige a las empresas promotoras de proyectos energéticos e industriales que cumplan sus compromisos de empleo, inversión, desarrollo industrial y retorno social, además de reclamar incentivos específicos para atraer nuevas inversiones a las zonas afectadas.
Los ayuntamientos ponen en valor las posibilidades de estos territorios por su disponibilidad de suelo industrial, infraestructuras energéticas, redes eléctricas y trabajadores cualificados. En este sentido, señalan como sectores con potencial la economía circular, el almacenamiento energético, el hidrógeno renovable, la bioeconomía y las nuevas actividades industriales y tecnológicas.
La declaración reclama asimismo mejorar las infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y conectividad digital, reforzar los servicios públicos y simplificar la tramitación administrativa de los proyectos estratégicos, manteniendo las garantías ambientales y jurídicas.
Entre las propuestas figura además la elaboración por parte del Instituto para la Transición Justa de un informe anual de evaluación que permita conocer el grado de ejecución de las inversiones, el empleo generado y el impacto económico de las actuaciones en cada territorio.
La Red defiende que los municipios no reclaman un trato de favor, sino el reconocimiento al esfuerzo realizado durante décadas y el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos. “La descarbonización debe ir acompañada de reindustrialización”, recoge la declaración, que concluye defendiendo que la Transición Justa solo será efectiva si garantiza futuro, empleo y bienestar a los territorios que hicieron posible el desarrollo energético de España.
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