El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha respondido a las críticas del PSOE por la proliferación de vallas de seguridad en distintos puntos de la ciudad para acotar edificios o solares en mal estado y ha defendido la actuación que está llevando a cabo el Ayuntamiento para exigir a los propietarios que solucionen estas situaciones. «Hay que tener cuajo para exigir a los demás lo que uno no hace», ha señalado el regidor en respuesta a los socialistas.
El Grupo Municipal Socialista había denunciado que las vallas se estaban convirtiendo en la «solución en sí misma» ante problemas de seguridad, poniendo como ejemplos los restos del antiguo garaje Garnelo, cuyo derrumbe se produjo el pasado enero, y el inmueble en ruina de Compostilla. Frente a estas críticas, Morala ha explicado que el Ayuntamiento está actuando dentro de sus competencias y que, cuando los propietarios no cumplan los requerimientos municipales, recurrirá a la ejecución subsidiaria.
El alcalde ha avanzado además que la Inspección Técnica de Edificios (ITE) estará disponible «en breve» y ha apelado a la responsabilidad de los propietarios para que mantengan sus inmuebles en perfecto estado. «No podemos olvidar que los propietarios tienen también una responsabilidad», ha señalado.
En el caso de las antiguas cocheras de Martínez Núñez, Morala ha explicado que el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con el titular del inmueble para abordar la situación. El requerimiento municipal establece la obligación de retirar los residuos y gestionar los mismos, vallar el solar con un muro de dos metros utilizando materiales que no desentonen y dar una solución a las edificaciones colindantes que han quedado abiertas, adoptando para ello «la solución técnica más adecuada».
El plazo concedido al propietario está «a punto de culminar» y, una vez finalice, el Ayuntamiento «actuará en consecuencia» si no se han ejecutado las medidas exigidas. Esto supondrá, según ha explicado el alcalde, recurrir a una actuación subsidiaria, adelantando la Administración el coste de los trabajos para después girárselo al propietario, además de la posibilidad de imponer multas coercitivas.
Los técnicos municipales estarán vigilando durante estos días el estado del inmueble y Morala no ha descartado que otros edificios de la ciudad puedan ser declarados en ruina si así lo determinan los informes correspondientes.
Compostilla: derribo subsidiario si los propietarios no actúan
Respecto al inmueble de Compostilla, que el PSOE ha utilizado también como ejemplo de la supuesta inacción municipal, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento ya ha requerido a los propietarios para que se impliquen en la solución del derrumbe que afecta al edificio.
Morala ha avanzado que el Consistorio ya ha contactado con una empresa especializada ante la posibilidad de tener que ejecutar subsidiariamente los trabajos. En este caso se estudian dos alternativas: el derribo completo del inmueble o la demolición únicamente de su parte superior.
Antes de adoptar una decisión definitiva, una empresa especializada en cálculo de estructuras analizará el estado del edificio y determinará cuál es la solución técnicamente más adecuada. El coste de la intervención se girará posteriormente al propietario, aunque el alcalde ha reconocido que este tipo de actuaciones implican que la Administración tenga que adelantar el dinero y que «hay veces que no se puede recuperar».
La previsión es que esta misma semana se desplacen al inmueble los técnicos municipales junto con la empresa especializada para realizar una nueva visita y avanzar en la solución.
Morala ha defendido que, en ambos casos, se ha producido ya un avance administrativo y ha insistido en que las vallas constituyen en primer término una medida de protección ante situaciones que pueden suponer un riesgo para los ciudadanos, mientras se tramitan las actuaciones necesarias para resolver el problema de fondo.
La polémica se produce después de que el PSOE acusara al equipo de Gobierno de limitarse a «poner una valla» ante los problemas de seguridad de determinados edificios y reclamara que el Ayuntamiento utilice sus competencias para exigir a los propietarios el cumplimiento de sus obligaciones o actuar subsidiariamente cuando sea necesario.
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