El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León ha ordenado la paralización de la actividad de la central de biomasa de Ponferrada, conocida como la Red de Calor, tras estimar parcialmente la solicitud de ejecución de sentencia presentada por las asociaciones Bierzo Aire Limpio y vecinos del barrio de Compostilla.
La resolución judicial se produce después de que una sentencia anterior anulase las licencias de la planta, promovida por la empresa pública Somacyl, al considerar que no había superado la evaluación ambiental integral. En su nuevo fallo, el juez da la razón a los colectivos en su petición de paralizar la actividad de la central, aunque aclara que no procede suspender las obras, ya que “ya están ejecutadas”.
El juez subraya que la central supone “una exposición de la población a un riesgo para la salud y el medio ambiente que nunca ha sido ponderado correctamente por la Administración” y advierte de que “la tutela judicial perdería su eficacia si se permite que la instalación continúe operando sin evaluación integral durante años”.
La resolución obliga al Ayuntamiento de Ponferrada y a la sociedad pública Somacyl a disponer de medios alternativos —como calderas de gas o gasóleo— para mantener el servicio de calefacción y agua caliente en los edificios conectados a la red. Según la documentación aportada por el propio Ayuntamiento, actualmente solo seis inmuebles están conectados, y ninguno de ellos es la residencia de mayores de La Rosaleda.
El auto judicial recalca que el perjuicio derivado del cese “es esencialmente económico y organizativo” y no puede anteponerse al interés público vulnerado, que “debe primar sobre los intereses de una sociedad anónima como Somacyl, aunque sea de capital público”.
Bierzo Aire Limpio y la asociación vecinal responsabilizan al Ayuntamiento de la situación, al haber “desoído todas las advertencias desde 2017” y una primera sentencia de 2020. “Llevamos más de siete años denunciando que esta incineradora de biomasa era ilegal y el Ayuntamiento ha optado por una huida hacia delante inadmisible”, señaló la portavoz de Bierzo Aire Limpio, Marga Camba, que exige “dimisiones, depuración de responsabilidades y una auditoría del dinero público invertido en la central”.
Los colectivos sostienen que no se pretende perjudicar a los abonados, que “deberían disponer de sistemas de calefacción alternativos”, y subrayan que será el Ayuntamiento quien deba asumir los costes derivados de la decisión judicial.
El abogado de la acusación, Víctor Álvarez Bayón, del despacho Cordal Abogados, destacó que el auto reconoce que “el interés público ha sido vulnerado” y remarcó que “la finalidad de la legislación ambiental es preventiva, no reparadora”.
La sentencia ejecutada provisionalmente fue recurrida por el Ayuntamiento de Ponferrada y Somacyl ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), aunque el juez considera necesario actuar antes de que se cause un daño irreversible al medio ambiente o la salud pública.
La sentencia, que no es firme, puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
Reacción municipal: llamamiento a la responsabilidad
Tras conocerse el fallo, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Cortina, hizo un “llamamiento a la responsabilidad para con la ciudadanía” a todas las entidades implicadas, recordando que la Red de Calor presta servicio de calefacción y agua caliente a edificios públicos, comunidades de vecinos y espacios sensibles, como la Residencia de Mayores de La Rosaleda.
Cortina advirtió de que la solicitud de ejecución de la sentencia, “motivada por errores administrativos del anterior gobierno municipal, encabezado por Olegario Ramón”, podría suponer “un perjuicio notabilísimo para los vecinos de la Ponferrada de 2025, que no tienen culpa de los fallos burocráticos de alcaldes anteriores y que al actual equipo de gobierno le toca solucionar”.
El edil alertó de las graves consecuencias que tendría una posible interrupción del servicio en plena temporada de frío. “Tener que activar un sistema de calefacción alternativo en tantos edificios públicos y viviendas es poco menos que inviable, y la desconexión de la Red de Calor abocaría a un gasto económico y medioambiental mucho mayor para todos”, advirtió.
Asimismo, destacó que “el funcionamiento de la Red de Calor impulsada por la Junta de Castilla y León beneficia al municipio tanto por el mantenimiento de puestos de trabajo como por la gestión sostenible de los recursos forestales”.
“Respetamos profundamente el derecho de las asociaciones a ejercer las acciones que estimen oportunas, pero apelamos también a su conciencia ciudadana y ecológica, ante los beneficios que aporta esta infraestructura, que están por encima de luchas políticas”, concluyó el concejal.