La Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) de Castilla y León reclama al Gobierno central una reforma de la financiación local que tenga en cuenta la realidad territorial de la comunidad y permita a los ayuntamientos afrontar el coste de los servicios públicos. A esta reivindicación suma la necesidad de resolver la falta de funcionarios de habilitación nacional, especialmente secretarios e interventores, cuya ausencia dificulta el funcionamiento ordinario de numerosos municipios.
Ambas cuestiones centraron parte de la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Federación, celebrada este martes por primera vez en Camponaraya. La presidenta de la entidad, Ángeles Armisén, defendió que la financiación autonómica y la local deben abordarse de forma simultánea y reclamó un sistema "más justo y más adaptado" a las características de Castilla y León, donde el coste de prestar servicios es mayor en los municipios de menor tamaño.
Armisén insistió también en la aprobación del estatuto del pequeño municipio, una medida que, según recordó, continúa pendiente por parte del Gobierno de España. Su objetivo sería simplificar las exigencias normativas y legales y adaptar las obligaciones administrativas, económicas y presupuestarias a las capacidades reales de cada ayuntamiento. "No se puede exigir lo mismo al municipio de 50 habitantes que a una capital de provincia", señaló, al defender la incorporación del principio de ruralidad a la normativa.
La presidenta subrayó que el propósito es garantizar una administración eficaz y sostenible, capaz de mantener los servicios públicos en el medio rural sin imponer cargas que los ayuntamientos más pequeños no puedan asumir.
La falta de secretarios e interventores
La segunda gran reclamación se refiere a la escasez de funcionarios de habilitación nacional, en particular secretarios e interventores. Armisén recordó que en muchos municipios estos profesionales constituyen prácticamente la única figura funcionarial encargada de prestar asesoramiento jurídico y garantizar el cumplimiento de la legalidad.
Su ausencia obliga a recurrir a otras fórmulas de apoyo, entre ellas los servicios de asesoramiento de las diputaciones provinciales y, en el caso berciano, del Consejo Comarcal del Bierzo. La Federación considera necesario reforzar la cobertura de estas plazas para evitar que la interinidad se prolongue en el tiempo.
Al respecto, la Junta de Castilla y León dispone de una bolsa de profesionales interinos que, según los datos facilitados por Armisén, cuenta con 1.243 integrantes. Para acceder a ella, los aspirantes deben cumplir los requisitos establecidos, realizar un curso de formación de 100 horas y superar un examen. Sin embargo, la presidenta advirtió de que este mecanismo permite atender las necesidades de los ayuntamientos, pero no resuelve el problema de fondo: la falta de funcionarios de habilitación nacional que ocupen las plazas de manera estable.
Más de 65 millones para los municipios en 2026
Durante su intervención, Armisén también repasó las vías de cooperación económica de la Junta con las entidades locales. En 2026, el fondo de cooperación económica local y de participación en los impuestos propios de la comunidad ha movilizado más de 65 millones de euros para los 2.248 ayuntamientos y las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León.
Además, destacó el compromiso incluido en el proyecto de presupuestos de la Junta de actualizar el fondo de cohesión territorial, dotado con 20 millones de euros anuales y destinado a municipios de menos de 20.000 habitantes. La actualización permitiría movilizar al menos 33,2 millones de euros con las aportaciones de diputaciones y ayuntamientos.
La presidenta puso el foco asimismo una mayor financiación para los teleclubs, bares y centros de ocio de los pequeños municipios que incorporen una pequeña tienda para garantizar el abastecimiento de productos no perecederos. La medida pretende mantener un servicio básico para la vida social y económica de las localidades con menos población.
Formación y asesoramiento para las entidades locales
La reunión sirvió también para repasar la actividad institucional y formativa de la Federación. En la última edición de sus programas dirigidos a los alcaldes y concejales se presentaron 103 cursos, que recibieron 10.185 solicitudes, un 6,9% más que el año anterior. La oferta incluye formación presencial y en línea para estos empleados públicos, además de 17 cursos telemáticos.
La FRMP mantiene igualmente un servicio de asesoramiento sobre fondos europeos para ayuntamientos y diputaciones. Desde mayo, según los datos expuestos por Armisén, ha remitido a los municipios información sobre 21 convocatorias: seis publicadas por el Gobierno central y 15 por la Junta de Castilla y León.
Por su parte, el vicepresidente cuarto de la Federación y alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, agradeció que la reunión se celebrase en el municipio berciano y defendió la necesidad de mejorar la capacidad económica de las entidades locales para seguir prestando servicios a los ciudadanos.
Morán recordó que Castilla y León cuenta con 2.248 municipios, más de una cuarta parte del total de España, y advirtió de las dificultades económicas que afrontan muchos de ellos. También destacó la importancia de que las convocatorias de ayudas se adapten mejor a las necesidades reales del territorio.
La Comisión Ejecutiva reunió en Camponaraya a 35 representantes municipales de distintos puntos de la comunidad, en una jornada que permitió trasladar al Bierzo el trabajo de la Federación y abordar los principales desafíos de las administraciones locales.
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