La Asociación de Vecinos de Compostilla y la organización ecologista Bierzo Aire Limpio han solicitado la ejecución inmediata de la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de León que anula las licencias y autorizaciones otorgadas para la central y red de calor de Ponferrada.
Ambas entidades reclaman al Ayuntamiento de Ponferrada y a la Junta de Castilla y León que se respeten las resoluciones judiciales y se ordene la reparación de todos los daños ocasionados por las obras. En concreto, exigen la restitución de aceras, calles, zonas verdes, arquetas y otros elementos urbanos afectados por la instalación de esta infraestructura energética.
Los colectivos consideran que la sentencia, que reafirma un fallo anterior de 2020 y desestima el recurso interpuesto por el Consistorio y la empresa pública Somacyl, debe ejecutarse sin más demoras “en cumplimiento del principio de tutela judicial efectiva”, según han recordado en un comunicado, aunque desde el Consistorio se aseguró que se continuaría adelante con las obras y, tanto Junta como Ayuntamiento han decidido establecer recurso a la sentencia
“La situación actual supone un menosprecio al poder judicial y a la ciudadanía”, han advertido desde la Asociación de Vecinos de Compostilla, que denuncia el estado de “caos y abandono” de las calles afectadas por las obras, en un contexto de inseguridad y molestias constantes para los residentes.
Desde Bierzo Aire Limpio critican además que tanto el Ayuntamiento como la Junta insistan en continuar con el proyecto “como si nada hubiese ocurrido”, pese al fallo judicial. A su juicio, esta postura genera “desconcierto, incredulidad e indignación” entre los vecinos, al tiempo que transmite “una peligrosa sensación de impunidad institucional”.
Las organizaciones han advertido también sobre la posible confusión entre la ciudadanía, tras detectar que algunos comerciales estarían ofreciendo servicios vinculados a una red que podría quedar paralizada judicialmente. “Es inaceptable que se promocione una infraestructura declarada ilegal”, sostienen.
Ambas entidades no descartan emprender nuevas acciones legales y políticas si no se ejecuta la sentencia de forma inmediata. “No consentiremos que se mantenga el daño a los derechos vecinales bajo el pretexto de un recurso pendiente”, concluyen.