Lo ocurrido con las piscinas climatizadas del Toralín no es un problema técnico, ni económico, ni administrativo. Es, ante todo, «un fracaso político monumental», explica el PSOE para dar respuesta al cierre que suma dos años ya de unas instalaciones que consideran que deberían haber vuelto a la vida ya. «Una demostración de incapacidad y de inacción del alcalde Marco Morala y su equipo de gobierno que han intentado maquillar con titulares falsos, promesas que nunca existieron y ataques constantes al grupo socialista para desviar la atención de su propia falta de gestión», abundan.
Reconocen que la verdad «es tan sencilla como incómoda: si el PP hubiera aceptado la propuesta del PSOE el 1 de septiembre de 2023, las piscinas estarían abiertas desde hace meses». En aquel pleno, el Grupo Municipal Socialista pidió destinar parte de los remanentes de 2022 -2,3 millones de euros disponibles- a financiar una obra urgente, necesaria y «perfectamente asumible», apuntan. Consideran que esa era la vía más rápida, más segura y más realista para actuar de inmediato. Pero el PP lo rechazó alegando que «no tenían la memoria exacta del coste», argumento que el PSOE no ve claro «es difícil de sostener cuando después han dado hasta cuatro cifras distintas según el día y el público al que se dirigían».
Un «arma política»
A partir de aquel, el PSOE relata que comenzó «una estrategia deliberada que combinó parálisis, improvisación y propaganda». El cierre de las piscinas entonces «se convirtió en un arma política» en vez de tratarse como lo que era: una emergencia en unas instalaciones deportivas básicas para miles de usuarios. Los informes técnicos eran claros y advertían de patologías estructurales graves, «pero el objetivo del PP no fue resolver el problema, sino construir un relato para culpar al grupo socialista», afean.
Lo que vino después «es un catálogo de contradicciones», con «anuncios huecos y compromisos inexistentes».
Primero, el equipo de Gobierno aseguró que la obra costaría 500.000 euros y el propio consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suarez-Quiñones se comprometió a financiar la obra íntegramente. «Ese compromiso quedó en nada», reprochan. Poco después esa cifra fue elevada a un millón, «sin memoria técnica y sin forma de financiar la obra». Pero al corroborar que la Junta no parecía estar dispuesta al compromiso de financiar la obra, intentaron «una tercera maniobra: financiar la obra a través del Somacyl, en la práctica como un crédito al 3,5%, un interés incluso superior al de una hipoteca». Ahí, fue el PSOE quien levantó la mano para frenar lo que considera «una barbaridad financiera que hubiera hipotecado a Ponferrada para resolver un problema que podría haberse abordado un año antes con fondos propios».
Pero la historia continúa. El PP no se detuvo ahí. Tras fracasar con el Somacyl por ese freno, impulsaron un «convenio horizontal» con la Junta y el Somacyl, un mecanismo excepcional «con implicaciones legales complejas que suponía ceder competencias municipales», advierten. La Junta, que en su día había prometido financiar la totalidad de la inversión, solo aportaba un millón de los más de 2,3 millones que costaba la rehabilitación completa. El resto lo pagaría Ponferrada «comprometiendo durante años el ahorro energético del alumbrado público».
Por su parte el alcalde, Marco Morala aseguraba que desde la Tesorería no iba a destinarse un euro a la obra, «la verdad detrás de esa afirmación es que el equipo de gobierno hipotecaba todo el ahorro del Somacyl durante años: unos 400.000 € al año, atados y bloqueados», explica el PSOE.
La encomienda de gestión al Somacyl funciona como un mecanismo por el cual el Ayuntamiento cede a una empresa pública de la Junta la gestión y ejecución de determinadas actuaciones, en este caso, la renovación del alumbrado público, a cambio de un sistema de financiación que, lejos de ser una ayuda externa, se alimenta íntegramente del propio ahorro municipal.
El Somacyl adelanta la inversión necesaria para sustituir las luminarias por otras más eficientes, lo que reduce de manera significativa el consumo energético y, por tanto, la factura eléctrica del Ayuntamiento. Sin embargo, ese ahorro no se queda en la Tesorería municipal, porque el Ayuntamiento sigue pagando la misma cantidad que abonaba antes de la renovación. «La diferencia entre la factura real -ya más baja- y la que el Ayuntamiento continúa pagando se la queda el Somacyl», abundan. Con ese ahorro municipal retenido, el Somacyl asume el compromiso de invertir hasta 400.000 euros anuales en obras en Ponferrada. Así, lo que se presenta como el «ahorro» no es más que el dinero del propio Ayuntamiento «y cuando decía el alcalde que no nos iba a costar dinero es mentira», dice el PSOE.
Después de dos intentos fallidos y de dos años de inacción, el PP ha vuelto a anunciar un nuevo acuerdo con el Somacyl, esta vez con una mayor aportación de la Junta. «La Junta definitivamente parece que no ha tenido ninguna intención de cumplir su compromiso pero gracias a presión del PSOE, todos los ponferradinos pagarán ahora menos que lo inicialmente planteado, porque la Junta pasará de aportar un millón a 1,5 millones». Pero esta mejora «no puede ocultar la evidencia: si el equipo de gobierno hubiera actuado en 2023, las piscinas habrían reabierto hace tiempo, sin improvisaciones, sin engaños y sin hipotecar ahorros energéticos futuros», subrayan los socialistas.
La cronología de un fracaso del alcalde que no ha logrado que sus compañeros de partido cumplan con su compromiso de financiar la obra de rehabilitación de las piscinas climatizadas.
Mientras tanto, el PSOE señala que «Ponferrada ha perdido dos años enteros: dos años con las piscinas cerradas, dos años sin natación escolar, sin entrenamientos, sin rehabilitación acuática, sin actividad deportiva para miles de usuarios. Dos años tirados a la basura por una decisión meramente política: rechazar el arreglo inmediato que propuso el PSOE con fondos propios y disponibles».
Y durante ese tiempo en el que los usuarios no disponían de las piscinas climatizadas, el alcalde «convertía cada pleno en un espectáculo, culpando a la oposición, atacando al PSOE y presentándose como víctima mientras la realidad le desmentía semana tras semana. No hay estrategia más reveladora de la incompetencia que acusar a otros cuando la ciudad espera soluciones y solo recibe excusas».
El PSOE considera que hoy solo cabe una conclusión honesta «si el PP hubiera escuchado al PSOE en septiembre de 2023, las piscinas del complejo deportivo Lydia Valentin estarían abiertas desde hace un año. La ciudad no habría perdido tiempo ni recursos, y miles de usuarios no habrían sido castigados por la incapacidad de un alcalde que gobierna a base de ocurrencias, fotos y discursos sin contenido».
Lo único que queda de todo esto, desde ese «gobierno del cambio» es «unas piscinas del complejo deportivo Lydia Valentin cerrado, dos años desperdiciados y una demostración clara de que la propaganda no sustituye a la gestión. Ponferrada merecía más. Y sobre todo, merecía que su alcalde trabajara desde el primer día, y no que utilizara las piscinas como un escenario más para su política de humo».