La discriminación a un alumno autista en el CIFP de Almázcara llega al Procurador del Común

UGAL-UPA y ABA piden intervención ante la calificación de “no apto” del alumno mientras que el padre pide que se investigue el caso

07/04/2026
 Actualizado a 07/04/2026
Centro Integrado de Formación Profesional de Almázcara. | CIFP ALMÁZCARA
Centro Integrado de Formación Profesional de Almázcara. | CIFP ALMÁZCARA

La denuncia presentada por UGAL-UPA y la Asociación Berciana de Agricultores (ABA) sobre un caso de presunta discriminación hacia un joven leonés con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Almázcara ha sido trasladada al Procurador del Común.

El padre del alumno, inscrito en el Curso de Incorporación a la Empresa Agraria, ha solicitado la intervención de esta autoridad ante la falta de respuesta de la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León. Reclama la suspensión cautelar de la calificación de “No Apto” y que se le permita presentarse al examen final del 16 de abril, ya que el joven ha completado la totalidad de la teoría, las prácticas y el Plan de Empresa exigidos por el curso.

UGAL-UPA y ABA han denunciado que, pese a la participación activa del alumno en todas las actividades prácticas —incluyendo soldadura y manejo de tractor, superando barreras sensoriales y bloqueos propios del TEA—, el centro no ha certificado su aprovechamiento. La directora del CIFP, según el escrito presentado, ha reconocido la asistencia del alumno pero alegó que “no está cualificado para ser agricultor profesional ni para acceder a subvenciones” y justificó el “No Apto” con múltiples motivos que no pudo detallar.

Los colectivos agrarios consideran que esta decisión supone un trato discriminatorio y vulnera el derecho al trabajo del joven, siendo el único de los 12 alumnos del grupo que ha sido calificado negativamente. Por ello, han exigido a la Junta de Castilla y León la rectificación urgente del centro y el cese de la directora y del coordinador de Servicios de la Dirección General de Desarrollo Rural.

El caso se produce tras la denuncia inicial el 27 de marzo y pone de relieve, según UGAL-UPA y ABA, la necesidad de proteger la igualdad de oportunidades en los programas de formación profesional, especialmente para personas con TEA.

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