Denuncian un caso de discriminación a un alumno con autismo en el CIFP de Almázcara

Las organizaciones agrarias UGAL-UPA y ABA critican que no se hayan validado sus prácticas pese a completarlas y exigen la rectificación de la Junta de Castilla y León

27/03/2026
 Actualizado a 27/03/2026
Centro Integrado de Formación Profesional de Almázcara. | CIFP ALMÁZCARA
Centro Integrado de Formación Profesional de Almázcara. | CIFP ALMÁZCARA

Las organizaciones agrarias UGAL-UPA y Asociación Berciana de Agricultores han denunciado públicamente un presunto caso de discriminación hacia un joven con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Centro Integrado de Formación Profesional de Almázcara.

Según explican, el alumno, con un 50% de discapacidad reconocida, completó las 15 horas de prácticas exigidas dentro del curso de incorporación agraria, cumpliendo además con la totalidad de la asistencia. Durante este periodo, participó en actividades como trabajos de soldadura —superando barreras sensoriales como el ruido o los destellos— y prácticas relacionadas con el manejo de maquinaria agrícola. Sin embargo, el centro no certificó dichas prácticas alegando "falta de aprovechamiento", una decisión que, según denuncian las organizaciones, se basa en la falta de comunicación verbal del alumno, un rasgo asociado a su condición de TEA. UGAL-UPA y ABA aseguran no haber recibido ningún informe que justifique esta decisión ni por parte del centro ni de la administración autonómica.

Ambas entidades sostienen que la normativa que regula esta formación no especifica criterios adicionales más allá de la realización de las horas prácticas, por lo que consideran que el alumno cumplió con los requisitos establecidos. Asimismo, critican la propuesta trasladada por la administración, que pasa por repetir las prácticas en otra provincia o realizarlas en su propia explotación bajo supervisión técnica, una medida que, a su juicio, supone “una doble penalización”.

Las organizaciones agrarias califican el caso como una "injusticia" que vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación, al tiempo que advierten de que esta situación podría limitar el acceso del joven al ámbito laboral agrario.

Por ello, han exigido una rectificación inmediata y han solicitado el cese de responsables del centro y de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Además, no descartan elevar el caso al Procurador del Común y emprender acciones legales si no se adoptan medidas.

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