El PP votó a favor de la propuesta y el resto de miembros se abstuvo, mientras que el PRB, liderado por Tarsicio Carballo, votó en contra. Ese dictamen ahora debe ser votado en pleno, pero, de inicio, va en consonancia con el criterio que defendía el concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo, pese a que en la última comisión, sus propios compañeros del equipo de Gobierno, Ricardo Miranda y la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo solicitaran que ese dictamen quedara sobre la mesa hasta que los informes jurídicos, económicos y técnicos pudieran estudiar si se podría justificar en la definición de servicio de interés público el llevarlo de nuevo a concurso público y no ofrecer el servicio de manera directa a la empresa denunciante.
Ese paso estaba justificado en el documento conseguido por una auditora a la que se le había encargado realizar un estudio de cómo cumplir la sentencia del tribunal, que ya había procedido a aclarar su decisión tras solicitarle un incidente de ejecución de sentencia, pero la regidora siempre ha defendido que los informes técnicos no dejan claro que sea Urbaser la que lleve el servicio, aunque haya ganado el caso en los tribunales y la sentencia pretenda dejar claro ese paso.
El pleno estaba previsto para este viernes, aunque podría retrasarse al lunes. En él una de las dudas está en si se debe conseguir mayoría absoluta o simple para que el dictamen sea aprobado, lo que podría dar de nuevo un respaldo a la postura en contra de la decisión de la comisión.
La posibilidad que ahora se aprobó es la misma que hace dos años intentó resolverse de la misma manera en la comisión, pero desencadenó una serie de medidas que han hecho que el tema judicial se mantenga vivo aún.
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