Las asociaciones Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), Ecologistas en Acción (EEA), Corredor Ecológico del Noroeste Ibérico (CENI) y Bierzo Aire Limpio (BAL) han denunciado públicamente que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León está incumpliendo su obligación legal de facilitar el acceso a la información ambiental.
Según explican, pese a haber presentado diversas solicitudes formales al amparo de la legislación de transparencia y del Convenio de Aarhus, la Administración autonómica no ha entregado los informes técnicos en los que asegura haber basado la decisión de permitir la caza y el pastoreo en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León.
Las organizaciones firmantes van más allá y ponen en duda la existencia de dichos informes, al no haberse hecho público hasta ahora ningún documento que justifique técnica, científica o jurídicamente esta medida. Esta situación, advierten, genera una “doble anomalía institucional”: por un lado, la Junta sostiene que dispone de informes que avalan su decisión; por otro, niega el acceso a los mismos, impidiendo su evaluación independiente y el debate público.
El origen de la polémica se sitúa en la decisión adoptada tras los incendios, que en la práctica deja sin efecto una prohibición recogida en la normativa forestal vigente. Esta legislación establece la prohibición de la caza y el pastoreo durante al menos cinco años en terrenos forestales incendiados, con el fin de favorecer la regeneración ecológica y evitar daños adicionales en suelos, biodiversidad y servicios ecosistémicos.
Las asociaciones alertan de que autorizar estas actividades sin una motivación documentada conocida podría vulnerar el principio de legalidad y sentar un precedente “extremadamente peligroso”. Recuerdan además que la recuperación de los ecosistemas tras un incendio es un proceso complejo que puede verse seriamente afectado por la presión ganadera y cinegética prematura.
Asimismo, subrayan que la falta de transparencia resulta "especialmente grave" en materia ambiental, donde el acceso a la información está reconocido como un derecho fundamental tanto en el ámbito europeo como en la legislación española. La negativa a facilitar estos datos, sostienen, limita la participación pública y debilita los mecanismos de control sobre la actuación administrativa.
Por todo ello, las entidades reclaman la publicación inmediata e íntegra de los informes que supuestamente justifican las medidas adoptadas y no descartan posibles responsabilidades jurídicas si se confirma que la decisión carece de respaldo técnico suficiente.