El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado el impago de periodos vacacionales en la empresa Tvitec, una práctica que, según la organización, incumple lo establecido en el convenio colectivo y afecta directamente a los derechos económicos de la plantilla.
En un comunicado enviado a los medios de comunicación, el sindicato afirma que este incumplimiento se suma a otras irregularidades laborales que, según sostiene, se vienen produciendo de forma "reiterada". Entre ellas, según explican, destaca el uso intensivo de personal contratado a través de empresas de trabajo temporal (ETT). CCOO señala que la compañía encadenaría contratos hasta el límite legal, lo que, en la práctica, impide a estos trabajadores acceder a las mismas condiciones que el personal fijo.
La organización sindical indica que mantiene judicializados diversos conflictos laborales con la empresa. Entre los avances logrados, menciona el reconocimiento del derecho al abono de las pagas extraordinarias, aunque asegura que sigue reclamando la retroactividad correspondiente al año 2023, que la empresa no habría aceptado.
El sindicato también critica la duración de los procedimientos judiciales relacionados con estos casos. Según explica, uno de los procesos ha sufrido varios aplazamientos y tiene fijada su vista casi dos años después de la presentación de la denuncia. En este sentido, CCOO atribuye la demora a la saturación de los juzgados de lo social y afirma que existen numerosos litigios y actuaciones de la Inspección de Trabajo vinculados a la compañía.
Asimismo, la organización considera que estas denuncias contrastan con declaraciones realizadas en diciembre por la dirección comercial de Tvitec, en las que se aseguraba el cumplimiento de la legislación laboral vigente.
CCOO subraya que su actuación responde a la defensa de los derechos de la plantilla y que su actividad se desarrolla de forma documentada y continuada. Al mismo tiempo, señala que no se opone a la concesión de ayudas públicas ni a la creación de empleo en la empresa, aunque insiste en que cualquier apoyo institucional debería estar condicionado al cumplimiento estricto de la normativa laboral y a la garantía de empleo de calidad.