«Dejar al alumnado sordo sin intérpretes a tiempo completo es una vulneración de sus derechos y una condena dentro del aula». Así de contundente se expresó Ana González, madre de Anais, una alumna con discapacidad auditiva que cursa cuarto de ESO en el IES Virgen de la Encina de Ponferrada y que no cuenta con un intérprete de lengua de signos durante toda su jornada escolar, en la movilización convocada a las puertas del centro por la Asociación de personas sordas del Bierzo, Asorbier.
La familia lleva reclamando este apoyo desde la etapa de Primaria y, aunque ha conseguido que la Administración amplíe las horas de interpretación hasta las 20 semanales, siguen sin cubrirse las 30 horas lectivas que necesita. Esta carencia provoca que Anais no disponga de intérprete los viernes y que no pueda seguir en igualdad de condiciones todas las actividades y explicaciones del aula.
González asegura que el caso de su hija no es aislado y refleja las dificultades que afronta la comunidad sorda en su vida cotidiana. De hecho, señala que en la misma clase hay otros dos alumnos con discapacidad auditiva, aunque con menor grado de afectación. La falta de intérpretes, advierte, constituye una barrera que se repite en distintos ámbitos y limita la autonomía de las personas sordas. «Vivir sin accesibilidad es ver vulnerada la autonomía», afirma.
La madre también quiso reconocer el papel de los intérpretes, a quienes definió como un «puente humano» que rompe el aislamiento del colectivo. «Sin vosotros la inclusión es imposible», destacó, antes de reclamar a la Junta que entienda que «la inclusión no se escribe en un papel, se demuestra con recursos» y con la contratación de los profesionales necesarios.
«Aprender en silencio no es una decisión, es una obligación» es el lema que acompañó la movilización, respaldada por la Asociación de Personas Sordas del Bierzo (Asorbier), que reunió a medio centenar de personas a las puertas del centro educativo. González lamenta que a su hija se le exijan los mismos objetivos educativos que al resto de sus compañeros cuando no dispone de las mismas condiciones para alcanzarlos. Además, considera que cuarto de ESO es un curso decisivo para su futuro, ya que debe permitirle continuar su formación y orientar su camino hacia la vida laboral.
Tras haber acudido a distintas instancias, la familia critica la respuesta recibida por parte de la Consejería de Educación, que, según explica González, sostiene que «los recursos que se le dan a Anais son los que le corresponden». La madre considera esta justificación «absurda» y sostiene que no se están garantizando los derechos de la alumna ni cumpliendo con las obligaciones legales en materia de inclusión educativa. También cuestiona la respuesta de la Inspección de Educación de zona, que, a su juicio, tampoco ha atendido las necesidades reales de la menor: «Solo nos ponen barreras», lamenta.
La familia llegó incluso a recurrir a la Fiscalía, pero González asegura que tampoco encontró allí una respuesta satisfactoria. «Nos ha dado la espalda», afirma, y explica que la actuación se centró en las diez horas lectivas de apoyo que Anais tenía el curso anterior, sin valorar, en su opinión, las carencias que seguía sufriendo.
La movilización contó también con el respaldo de la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, y de la responsable de Igualdad de la formación, Lorena Valle. Rubio lamentó que se trate de un problema que se prolonga en el tiempo y criticó que la Consejería de Educación «se pase la pelota unos a otros». «Llevamos tres consejeras en pocas semanas y nadie hace nada», censuró.
La dirigente socialista considera especialmente contradictorio que se exija al alumnado sordo matricularse en centros adecuados para atender sus necesidades específicas y que, una vez allí, no se les proporcionen los recursos necesarios. «Es una cuestión de humanidad», afirmó. Ante esta situación, anunció que el PSOE solicitará una reunión con la nueva consejera de Educación y volverá a llevar el problema a las Cortes mediante nuevas iniciativas, aunque insistió en que la solución debe llegar con urgencia.
Rubio también vinculó la falta de apoyos educativos con otras deficiencias en los centros públicos y aludió al problema de calefacción que afecta al colegio de Dehesas durante estos primeros días de descenso de las temperaturas. «Están intentando acabar con la escuela pública», reflexionó.
Pese a las dificultades y al esfuerzo económico que supone recurrir a recursos propios para complementar los apoyos, González se muestra orgullosa de que su hija haya conseguido avanzar y superar un curso tras otro. Una trayectoria que, defiende, demuestra su capacidad y esfuerzo, pero que no puede sustituir la obligación de la Administración de proporcionarle los medios necesarios para estudiar en igualdad de condiciones.
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