La ONG Bierzo Aire Limpio ha reclamado una actuación “responsable y previsora” por parte del Ayuntamiento de Ponferrada ante la situación judicial que afecta a la Central de Producción de Energía Térmica con Biomasa. El colectivo, impulsor de la denuncia contra la instalación, ha presentado un escrito formal solicitando la adopción urgente de medidas preventivas que garanticen la continuidad del suministro de calefacción en edificios públicos y una información “veraz y responsable” a las comunidades de vecinos afectadas.
La organización recuerda que la sentencia 00120/2025, dictada el 17 de julio de 2025 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León, anula las autorizaciones administrativas concedidas a la central —uso excepcional, licencia ambiental y licencia urbanística— y ordena la paralización de la construcción y el cese inmediato de la actividad amparada por dichas licencias. Aunque el fallo ha sido recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la ONG advierte de que “la posibilidad de que sea confirmado no puede descartarse”.
“En un Estado de Derecho, las resoluciones judiciales se cumplen. Precisamente por eso, la Administración debe actuar con diligencia antes de que los hechos la superen”, sostienen.
Desde esta perspectiva, Bierzo Aire Limpio apela al principio de prevención del daño y a la obligación de buena administración para que el Ayuntamiento planifique escenarios alternativos que impidan que la ciudadanía resulte perjudicada si la sentencia se confirma.
El colectivo considera especialmente relevante el informe pericial técnico emitido por Somacyl en noviembre de 2025, tras inspeccionar las antiguas salas de calderas de los edificios públicos afectados. El documento analiza su titularidad, antigüedad, estado de conservación y capacidad operativa para asumir el suministro en caso de parada temporal o definitiva de la central. Según el informe, determinados centros podrían quedarse sin calefacción y agua caliente sanitaria ante una interrupción prolongada.
Entre las conclusiones señaladas por la ONG figura que la Estación de Autobuses de Ponferrada carece de sistema alternativo de generación térmica, mientras que la Residencia de Ancianos Las Encinas dispone únicamente de soluciones de emergencia que podrían resultar insuficientes. Además, existen instalaciones con más de 40 y 50 años cuya operatividad y seguridad no garantizan la continuidad del servicio.
La organización recuerda que la Ley 40/2015 contempla la posible responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas por daños derivados del funcionamiento normal o anormal de los servicios cuando el perjuicio sea efectivo, evaluable e individualizado. “Una interrupción del suministro térmico en edificios esenciales, si era previsible y no se adoptaron medidas razonables para evitarla, podría generar responsabilidades que trascienden lo político”, advierten.
Por ello, Bierzo Aire Limpio solicita que, mientras no exista resolución judicial firme, se adopten medidas técnicas y administrativas como el mantenimiento operativo de las antiguas calderas, la revisión urgente de su estado de seguridad o la habilitación de sistemas alternativos que aseguren que ningún edificio público quede desatendido.
Asimismo, en el caso de los inmuebles de titularidad privada, consideran imprescindible que se informe de manera expresa y documentada a sus propietarios sobre la situación judicial y los posibles riesgos, para que puedan actuar dentro de su ámbito competencial.
La ONG concluye que no busca confrontación, sino un ejercicio de responsabilidad, planificación, rigor técnico y seguridad jurídica ante un escenario que, a su juicio, requiere anticipación y transparencia.